Una “organización criminal”, vinculada a minería ilegal, causó graves daños ambientales en un río en los bosques tropicales del noroeste de Colombia.
Key Findings
Dos de los hombres supuestamente implicados en la organización son estadounidenses y fueron localizados en Miami, donde han acumulado propiedades por un valor de más de 30 millones de dólares.
Ambos siguen bajo investigación, aunque no han sido acusados. Sus abogados niegan que estén implicados en actividades ilegales.
Los expertos afirman que la operación desvió ríos y los contaminó con mercurio, causando un daño que tardará miles de años en resarcirse
Durante siglos se ha buscado oro enterrado en la cuenca del río Atrato, en el Chocó, uno de los lugares más singulares y con mayor biodiversidad del mundo, enclavado en lo más profundo de las selvas del noroeste de Colombia.
Pero la minería artesanal tradicional se ha ido extinguiendo desde que llegaron extranjeros hace dos décadas. La batea utilizada durante mucho tiempo para buscar metales preciosos ha sido sustituida por enormes dragas, conocidas como “dragones”, que succionan grandes cantidades de tierra de las orillas y del fondo de los ríos.
Antes, “uno se rebuscaba con granitos de oro para comprar la comida”, aseguró Jaime, un minero local, a los periodistas de Cuestión Pública, a las afueras de su casa de madera a finales del año pasado. “Esas maquinarias acabaron con todo. Uno sale a rebuscar [oro] y no encuentra nada”.
Las selvas del Chocó albergan gran cantidad de flora y fauna raras, incluidas varias especies en peligro de extinción y aves que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. La región también es conocida por su patrimonio cultural afrocolombiano. Pero hoy, gran parte de ella es controlada por guerrillas y grupos criminales que se enriquecen con la industria minera ilegal.
Las excavadoras y los dragones han modificado el paisaje del Chocó, desviando muchos de los ríos que serpentean por la selva. El mercurio, que los mineros utilizan para separar el oro del sedimento, ha contaminado los ríos de la región, matando a decenas de niños y dejando a muchos habitantes locales con problemas de salud crónicos.
Jaime, cuyo apellido OCCRP omite por su seguridad, dijo que le tocó buscar un tratamiento para la intoxicación por mercurio en Medellín y en la capital, Bogotá. “Me iba a morir”, dijo. “Tenía problemas del corazón, problemas de cerebro, me duele todo el cuerpo, las piernas se me encogen del dolor”.
Mientras Chocó sufre, no es siempre claro quien se aprovecha.
OCCRP y sus socios localizaron a varias personas, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses –un quiropráctico y un agente inmobiliario– que están siendo investigados por su papel en una operación minera ilegal en la región que, según las autoridades, causó grandes daños medioambientales. Los periodistas encontraron a los dos hombres a miles de kilómetros de distancia, en los ricos suburbios de Miami.
Los dos iraníes-estadounidenses niegan categóricamente su participación en cualquier actividad ilegal. Pero sus antiguos socios y un exempleado cuentan una historia muy diferente sobre quién se benefició de la operación minera que provocó esta destrucción medioambiental.
Detrás de la disputa hay un intrincado y a veces extraño juego de supuestas traiciones, señalamientos e intimidaciones. Mientra que algunos de los hombres relacionados con la operación minera han sido condenados, otros, incluidos los estadounidenses, no lo han sido y la Fiscalía colombiana dice que la investigación sigue abierta.
Los documentos judiciales presentados por los fiscales colombianos en 2018 dicen que los estadounidenses Hassan Jalali-Bidgoli y Amir Mohit-Kermani comenzaron las actividades mineras en 2011, cuando crearon dos empresas para extraer y comercializar oro. Los documentos muestran que la Fiscalía de Bucaramanga emitió órdenes de arresto en diciembre de 2018 contra los dos estadounidenses y 11 personas más, cinco de las cuales han sido condenadas desde entonces por delitos ambientales relacionados con la operación minera.
Pero desde entonces la investigación sobre Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani parece haberse estancado. La Fiscalía explicó a los periodistas que los hombres aún están vinculados a una investigación en curso, pero ninguno de ellos ha sido acusado y no es claro si las órdenes de captura colombianas siguen activas.
Tanto Jalali-Bidgoli como Mohit-Kermani fueron localizados en Miami, donde tienen negocios y propiedades. Los registros muestran que los dos hombres, junto con la esposa de Jalali-Bidgoli, poseen propiedades en Florida valoradas en más de 30 millones de dólares, aunque no hay pruebas de que alguna haya sido adquirida con dinero procedente de la minería en Colombia.
Juan José Salazar, abogado de los dos hombres en Colombia, negó la evidencia de las órdenes de captura proporcionadas por los reporteros, escribiendo en un correo electrónico que “nunca ha habido, ni hay actualmente en Colombia una orden de arresto contra mis clientes.”
“Mis clientes han estado en Estados Unidos, a la vista de todos”, añadió su abogado estadounidense, David Núñez. Afirmó que habían proporcionado al fiscal general de Colombia “materiales que establecen su inocencia en relación con cualquier actividad minera ilegal”. Nuñez y un abogado colombiano prometieron proporcionar pruebas de su inocencia, pero ninguno de ellos compartió esos materiales.
Varias fuentes, incluidos los abogados de los dos estadounidenses, reconocieron que se emitió una circular azul de Interpol para localizarlos, aunque el propio organismo internacional declinó hacer comentarios, diciendo que la información era “confidencial”.
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Destrucción del medio ambiente
Los expedientes judiciales colombianos dicen que Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani se involucraron en la minería en el Chocó hace poco menos de una década.
OCCRP y su socio colombiano Cuestión Pública solicitaron esta documentación, pero los fiscales se negaron a publicarlos porque la investigación está en curso. Sin embargo, los expedientes de los casos judiciales contra los cinco hombres que fueron condenados por delitos ambientales sugieren que Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani trabajaron con ellos, formando un grupo de empresas que extraían y comercializaban oro.
En 2011, Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani crearon dos empresas: Talbras SAS, para extraer metales preciosos, y Comercializadora Internacional CI Tala Internacional Trading SAS, para venderlos. La documentación de Talbras indica que vendía el oro a nivel local, aunque el propósito comercial declarado de Comercializadora Internacional –”comercializar productos colombianos en el extranjero”– sugiere que el oro podría estar destinado a la exportación.
Los expedientes judiciales explican que Talbras recibió inicialmente la aprobación para la explotación minera del Consejo Comunitario de Paimadó, en el Chocó, que gestiona las tierras en nombre de las comunidades afrocolombianas locales. Sin embargo, un alto funcionario de la agencia regional ambiental, Codechocó, aseguró que la aprobación era ilegítima, ya que el Consejo no tenía la licencia ambiental necesaria para hacer minería.
En cualquier caso, el Consejo Comunitario de Paimadó retiró posteriormente su aprobación y en 2013 Talbras se disolvió, según los registros de la empresa.
Un punto de discrepancia entre las distintas partes es quién estaba involucrado en las operaciones mineras ilegales. Los reporteros encontraron cuatro casos judiciales relacionados con la minería ilegal, aunque tres de ellos están todavía bajo investigación, por lo que los fiscales no quisieron proporcionar documentos. En el cuarto caso se condenó a cinco personas por delitos medioambientales y el expediente incluye acusaciones, pruebas de los fiscales, órdenes de detención, sentencias e información sobre otras personas que podrían aparecer en los casos aún sellados.
El caso público se refiere a una “organización criminal” que realizaba operaciones mineras, llamada posteriormente “la organización”. Los archivos del caso señalan que esta organización se inició cuando Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani crearon Talbras y Comercializadora Internacional. A lo largo de varios años se añadieron otras empresas, pero los fiscales las consideraron parte de la misma organización.
Por ejemplo, el expediente asegura que en abril de 2013, la organización adicionó otra empresa llamada Vencol Mineral SAS, y pronto se puso a trabajar con excavadoras pesadas y dragas en el río Quito, en Chocó. Los abogados de Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani señalaron que no estaban involucrados en Vencol Mineral, y que no tenían conocimiento de que el grupo estuviera involucrado en la minería ilegal.
Aunque se discute quién controlaba la organización, no se discute el daño que causó.
La primera imagen, de 2011, muestra la selva antes de que Vencol empezara sus operaciones en Río Quito. La otra de 2018 muestra la destrucción que las dragas produjeron en el río.
En junio de 2013 y de nuevo al año siguiente, Codechocó envió a un ingeniero ambiental para evaluar el impacto de las operaciones de Vencol Mineral. El ingeniero, Erbin Rodrigo Velásquez Mosquera, explicó a Cuestión Pública que la empresa había causado una destrucción ambiental que tardaría “miles de años” en repararse.
“Llegamos en lancha. El primer impacto fue ver que habían desviado el cauce del río”, dijo. “Ya no era el cauce natural del río, lo redireccionaron… Lo secaban [y] lo inundaban según su conveniencia”.
Los árboles que bordeaban las orillas del río habían sido talados y sustituidos por montones de tierra tallada en el lecho del río, admitió. El agua, que antes era “cristalina”, estaba manchada de aceite de las dragas.
Otra persona cercana al caso, que declinó ser nombrada porque no se le permite manifestar públicamente, confirmó que la minería causó estragos en el río Quito. “Aparte de desviarlo, lo contaminaron de manera brutal con la extraordinaria cantidad de mercurio que pusieron en el río”, admitió esta fuente, que añadió que “hay nichos ecológicos que no se recuperarán”.
Posteriormente, Codechocó multó al representante legal de Vencol Mineral por más de 427 millones de pesos (unos 146.000 dólares) por el daño ambiental. A la fecha, la sanción aún no ha sido pagada, según Codechocó.
Después, en 2015, la organización trasladó su operación hacia el sur, al corregimiento de San Miguel, para evitar operativos contra la minería ilegal en la zona donde habían estado trabajando, indican los documentos judiciales.
En julio de 2015, según los registros judiciales, el grupo creó otra empresa llamada Dragados Asociados San Miguel SAS, que en ese momento era propiedad del primo de la suegra de Jalali-Bidgoli, Moisés Ortiz Martínez.
Ortiz Martínez fue luego declarado culpable de concierto por delinquir y delitos medioambientales y lo condenaron a cuatro años de prisión y a una multa de casi 12.000 millones de pesos (3,5 millones de dólares), que fue conmutada por libertad condicional. Un abogado de Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani reconoció la relación, pero aseguró que no tenían conocimiento de las actividades ilegales de Ortiz Martínez.
🔗 Desafíos legales
En enero de 2015, el Instituto Tierra Digna, que representa grupos indígenas a lo largo del río Atrato, presentó un recurso legal para obligar al Estado a proteger la región de la minería ilegal desenfrenada y la destrucción del medio ambiente.
El recurso, conocido como "tutela", afirmaba que al menos 37 niños y adolescentes de grupos indígenas y afrodescendientes de la zona habían muerto por beber agua contaminada con mercurio en 2013 y 2014, y que 64 más se habían envenenado. La minería también había propagado enfermedades como la diarrea, el dengue y la malaria, según la demanda.
El caso resaltó lo que describió como una "crisis ambiental que se ha desencadenado como consecuencia de las actividades reseñadas tiene efectos dramáticos en la pérdida de
vidas de población infantil indígena y afrodescendiente".
En 2016, la Corte Constitucional de Colombia dictó una sentencia histórica que determinó que el río Atrato era una entidad legal con derechos ambientales que debían ser protegidos, junto con los derechos de las comunidades que vivían allí.
El año anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la capital, también falló a favor de una acción popular presentada por el Consejo Comunitario de Paimadó para proteger los derechos de la población local afrocolombiana al medio ambiente, el agua y los recursos naturales.
Pero, desde 2016 han habido pocos avances. Casi cinco años después del fallo, aún no hay planes de acción para la recuperación del río. El alcalde del municipio de Río Quito, Herlin Antonio Mosquera, dijo que las autoridades locales no tienen la capacidad para hacer cumplir los cambios ordenados por la Corte Constitucional.
Y reconoció que hoy la minería ilegal "sigue como si nada".
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En 2017, según los documentos judiciales, la organización criminal había creado un negocio minero integral que extraía oro y platino en la selva y lo vendía en el extranjero Según Codechocó y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia, ninguna de las empresas del grupo tenía licencia para extraer metales preciosos.
Núñez, el abogado estadounidense que representa a Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani, negó que sus clientes hayan extraído o exportado oro de Colombia. Registros de una base de datos comercial de importación y exportación no mostraban ninguna referencia a Comercializadora Internacional CI Tala Internacional Trading SAS, la empresa exportadora mencionada en los documentos judiciales.
Las cosas comenzaron a cambiar para la organización en junio de 2017, cuando la policía nacional, las fuerzas militares y Codechocó descubrieron tres de sus dragas en el río San Juan.
En diciembre de 2018, se emitieron órdenes de captura contra 13 personas relacionadas con la presunta operación minera ilegal, incluidos los dos estadounidenses. Cinco de ellos fueron capturados ese mes y condenados al año siguiente por varios delitos ambientales, entre ellos contaminación del medio ambiente y explotación ilícita de yacimientos mineros y otros minerales.
Los abogados de los acusados, Harlan Lozano Quinto y Cristino Parra Mosquera, señalaron a OCCRP que sólo responderían a preguntas en persona en sus oficinas en el Chocó. Los periodistas no pudieron reunirse con ellos allí por razones de seguridad.
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La fiebre del oro
Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani declinaron ser entrevistados directamente, pero afirmaron, a través de su abogado estadounidense, que se habían visto envueltos en el asunto de forma involuntaria cuando un préstamo bienintencionado se convirtió en algo malo.
Según su relato, el problema comenzó en 2010, cuando ambos le prestaron dinero a Juan Carlos Marulanda, un colombiano con el que Jalali-Bigdoli había trabajado en el sur de Florida. El dinero estaba destinado a comprar oro en Colombia para venderlo en Estados Unidos, pero Marulanda lo gastó en equipos de minería, que luego entregó a Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani para saldar su deuda.
En un intento por recuperar sus pérdidas, crearon entonces las empresas auríferas colombianas, según su abogado. Admitió que sus clientes habían prestado su equipo minero a Ortiz Martínez, pero argumentó que no tenían idea de que iba a utilizarlo para la minería ilegal.
“No tenían conocimiento de que el señor Ortiz usaría sus equipos para cualquier actividad minera de oro no autorizada/ilegal”, reconoció Núñez a los periodistas.
Sin embargo, los antiguos socios comerciales de Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani contaron historias muy diferentes, acusando a los estadounidenses de traicionarlos y de enviar gente a intimidarlos para que entregaran su negocio.
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Una antigua asesora jurídica de Talbras, la abogada Ángela Salazar Ríos, afirma que les advirtió a Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani que sus operaciones de extracción de oro eran ilegales.
“Les expliqué: ‘esto no es como en cualquier país, aquí las cosas ya están reguladas, esto es un delito, ustedes han cometido muchos delitos’, dijo a los periodistas.
Núñez afirmó que Salazar Ríos fue despedida de Talbras después de que Ortiz Martínez la acusara de robar, y agregó: “El relato de la señora Salazar es totalmente inexacto. Nada de eso es cierto”.
Salazar Ríos dijo que le debían salarios atrasados, y presentó una demanda alegando violaciones laborales, que fue desestimada en lo que ella consideró circunstancias “extrañas”.
Marulanda también refutó la versión de los hechos de Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani, indicando que el dinero que supuestamente le prestaron era en realidad una inversión de 100.000 dólares destinada a ampliar las operaciones mineras de uno de sus socios en la región. Ese socio, Josecarlo Souffront Mozzicato, respaldó por separado la versión de Marulanda.
Souffront señaló que posteriormente fue presionado para “transferir” sus operaciones a los dos estadounidenses a cambio de unos 50 millones de pesos (unos 28.4000 dólares de la época). Temeroso, dijo que abandonó Colombia en septiembre de 2011, después de presentar una denuncia legal, pero dos años después recibió una notificación de que el caso estaba cerrado.
Un antiguo socio de Souffront, que habló bajo condición de anonimato, apoyó de forma independiente su relato y afirmó haber sido obligado a negociar y despojado de su negocio.
🔗 El control de los grupos armados
Gran parte de la industria minera ilegal del Chocó está controlada por grupos armados que aún siguen en la región tras décadas de guerra civil.
Dos grupos principales se disputan el control de la zona: la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (ELN) y los paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Estos últimos, sucesores de los escuadrones de la muerte que asolaron a Colombia a finales de los 90 y principios de los 2000, son ahora el mayor grupo criminal del país.
El exfiscal Jorge Perdomo afirmó que el comercio de minerales preciosos en Colombia se ha convertido en una fuente de financiación para los grupos criminales aún más rentable que el narcotráfico.
Mauricio Cabrera, coordinador de política minera del World Wildlife Fund Colombia, reconoció que la industria minera ilegal del Chocó está controlada por "grupos mafiosos", que a su vez le pagan a grupos armados locales que controlan la zona.
Los lugareños aseguran que se han visto obligados a abandonar la explotación tradicional de oro en favor de las dragas mecanizadas, y que sólo permiten a los mineros artesanales de "barequeo" operar durante un día o menos a la semana.
“Los grupos armados ilegales han tomado el control de esta actividad y los han obligado a aceptar la minería como única fuente de sustento u opción económica permitida, desplazando sus actividades agrícolas tradicionales", dijo un líder comunitario citado en una sentencia de 2016 de la Corte Constitucional de Colombia.
Tanto Cabrera como una persona con conocimiento del caso judicial contra los cinco miembros de la organización que fueron condenados, que pidió no ser nombrada por razones de seguridad, dijeron que los actores armados tendrían la última palabra sobre cualquier operación de minería de oro a gran escala.
"Aquí nadie puede decir que va a montar un establecimiento minero sin sentarse antes con un grupo paramilitar o con la guerrilla", admitió la fuente.
"Hay que estar con uno de los grupos para entrar y pagar los impuestos que imponen".
Marulanda también explicó que huyó de Colombia a finales de 2011, después de que hombres lo visitaran exigiendo dinero.
El abogado del dúo, Núñez, negó que sus clientes hubiesen contratado a alguien “para cobrar la deuda del préstamo” y desmiente “cualquier acusación de que estuvieran de alguna manera involucrados en actividades criminales”.
Ninguna de las partes proporcionó documentos para respaldar sus diversas versiones. Los archivos corporativos muestran que Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani abrieron una empresa registrada en Florida con Marulanda en 2010 y otra empresa colombiana de comercio de minerales con Souffront en marzo de 2011, pero por lo demás no ha sido posible verificar ninguna de las dos versiones de los hechos.
Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani señalaron a través de sus abogados que no han estado en Colombia por años. Mohit-Kermani es quiropráctico en Miami, y Jalali-Bidgoli es ingeniero arquitectónico y contratista.
Los dos hombres parecen vivir bien.
Registros públicos muestran que Jalali-Bidgoli y su esposa han acumulado una cartera de 12 propiedades valoradas en más de 22 millones de dólares, entre las que se incluyen apartamentos sobre la playa y mansiones en zonas exclusivas. Al menos tres de ellas fueron compradas entre 2013 y 2016, cuando la organización operaba en el Chocó. Mohit-Kermani posee dos propiedades en Miami por valor de 9,7 millones de dólares, según documentos vistos por los periodistas.
Los registros corporativos muestran que Jalali-Bidgoli también está vinculado a una red de al menos 43 empresas en Florida, así como a otras en paraísos fiscales como Panamá.
Los periodistas no encontraron pruebas de que las propiedades de Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani hayan sido compradas con fondos procedentes de la minería ilegal, y su abogado explicó que nunca han obtenido beneficios del oro colombiano.
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Pocos procesos ambientales
Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani siguen siendo objeto de una investigación en curso por acusaciones de daño a los recursos naturales, contaminación ambiental, explotación ilícita de depósitos de oro y conspiración para cometer un delito, según las autoridades colombianas.
Cinco de sus presuntos cómplices fueron declarados culpables de múltiples delitos ambientales en agosto de 2019 y condenados a cuatro años de cárcel y a una multa de cerca de 12.000 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares) cada uno. Pero sus sentencias fueron posteriormente suspendidas a tres años.
Sin embargo, este caso ha llegado más lejos que la mayoría de los procesos ambientales en Colombia. Información de la Fiscalía muestra que de las más de 10.700 investigaciones por delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales registradas entre enero de 2000 y febrero de 2021, sólo 461 han terminado en condena.
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Edin Pasovic/OCCRP
El exfiscal Jorge Perdomo explicó que la baja tasa de condenas por delitos ambientales se debe en parte a que los fiscales carecen de las habilidades y el equipo para investigarlos, y en parte a que los grupos criminales controlan muchas de las regiones donde hay minería ilegal.
“Los delitos asociados a la minería ilegal requieren conocimientos e instrumentos especiales, lo que hace que sean más complejos de investigar”.
Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani también han sido representados por el bufete de abogados de alto perfil de Diego Cadena, conocido por haber defendido a varios narcotraficantes colombianos extraditados a EEUU. Actualmente Cadena se encuentra bajo arresto domiciliario por acusaciones de haber sobornado testigos a favor del expresidente Álvaro Uribe, en un caso que involucra a exparamilitares que habían declarado contra el político.
En agosto de 2020, la historia de la minería ilegal en el Chocó volvió a los medios de comunicación colombianos cuando la policía informó que un informante confidencial había proporcionado información sobre dos iraníes que podría hacer avanzar el caso. El entonces director de la Policía de Carabineros, general Herman Alejandro Bustamante, señaló al diario colombiano El Tiempo que su reto era “lograr la captura de estos dos extranjeros por el daño causado en el Chocó”. La antigua división de Bustamante confirmó lo dicho a los periodistas de OCCRP.
Sin embargo, la oficina de prensa de la Fiscalía aseguró a los reporteros que el proceso contra Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani está en la “etapa de investigación” y que no podían dar más información.
