Nadia, que habita el desolado pueblo pesquero venezolano de Güiria, no sabe si su esposo está vivo o muerto.
Él desapareció a principios de septiembre, cuando Estados Unidos lanzó el primero de más de 20 ataques militares contra supuestas lanchas de narcotraficantes que surcan el mar frente a la costa de su hogar caribeño, así como en zonas más alejadas del Pacífico oriental.
Si bien la administración del presidente Donald Trump ha defendido esta ofensiva letal como un conflicto legal contra "narcoterroristas", los críticos han denunciado los ataques como ejecuciones extrajudiciales.
El ataque del 2 de septiembre, en el que desapareció el esposo de Nadia, generó una condena particularmente fuerte. Trascendió que las fuerzas armadas de Estados Unidos, tras realizar un primer ataque, dispararon un segundo misil contra la embarcación a pesar de que varios tripulantes sobrevivieron y se aferraban a los restos de la lancha. Numerosos expertos opinan que esta acción viola el derecho internacional.
El USS Sampson (DDG-102), un destructor de misiles guiados de la Marina de los EE. UU., atraca en la Terminal Internacional de Cruceros de Amador en Ciudad de Panamá, Panamá, el 2 de septiembre de 2025
Mientras las controversias se arremolinan en Washington, Nadia y otros familiares de los fallecidos en Venezuela permanecen en la oscuridad total. No saben cuál fue el destino de sus seres queridos, cuyas identidades aún no han sido confirmadas oficialmente.
"No he hecho ni una misa, ni un rezo", dijo Nadia, cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su identidad. "Ninguna autoridad da una respuesta".
Que su esposo muriera en el primer o segundo ataque no cambia las circunstancias de su dolor, agregó. Cuando se le preguntó sobre su trabajo, señaló: "Nunca le pregunté qué hacía, y él me decía que era pescador".
Nadia y otros residentes de los pintorescos pero empobrecidos pueblos que se extienden a lo largo de la costa de Venezuela han vivido durante mucho tiempo bajo el yugo de grupos criminales. Usan sus costas arenosas como plataforma de embarque para enviar cocaína a Estados Unidos y Europa.
Ahora, la gente de Güiria y otros enclaves pesqueros se encuentran cercados por otras dos amenazas: el fantasma de los misiles estadounidenses, que han cobrado más de 90 vidas en el mar. Y, según describen los lugareños, las drásticas medidas impuestas por las fuerzas de seguridad del régimen autocrático de Nicolás Maduro.
El puerto de Güiria en el municipio Valdez, Venezuela.
Residentes de pueblos en los estados de Falcón y Sucre, cuyas penínsulas se adentran en el mar Caribe, dijeron a OCCRP que las autoridades venezolanas se han tomado sus comunidades, históricamente abandonadas, donde muchas personas viven en casas destartaladas que a menudo carecen de servicios básicos como electricidad y agua potable.
La costa de Venezuela. Los estados de Falcón y Sucre están destacados.
Desde los ataques, los lugareños le dijeron a OCCRP que agentes de seguridad patrullan la región, allanaron las casas de los lancheros fallecidos en los bombardeos y han efectuado arrestos con mano dura. Todos hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias. Describieron un clima de intimidación que ha sembrado el miedo entre muchos, al punto que prefieren no hablar sobre los incidentes o publicar sobre estos en las redes sociales.
"La gente tiene miedo viendo a estos funcionarios", indicó un líder comunitario en Güiria. "Por miedo a ir presos, de desaparición, de tortura… la población está clara de lo que sucede cuando ellos los interceptan, cuando ellos los detienen".
Mientras que la administración Trump es señalada de exagerar la amenaza que representan estas supuestas “narcolanchas”, los críticos de Maduro dicen que su gobierno ha minimizado la magnitud de los traficantes en estas comunidades y en Venezuela en general. Añaden que está desesperado por controlar la narrativa.
“El régimen ha tratado de imponer el silencio en todo el país,en las costas, barrios, la hegemonía comunicacional, la censura a la crítica, la persecución a la disidencia", dijo Carlos Tablante, un antiguo político venezolano que dirigió la comisión antidrogas del país en la década de 1990.
El gobierno, que esperó casi tres meses para anunciar una investigación sobre los ataques y sus víctimas, ha buscado proyectar una imagen de calma que no concuerda con el miedo y la inseguridad descritos por los lugareños que hablaron con OCCRP. En un comentario reciente a la prensa, la vicepresidenta de Venezuela aseguró que los pescadores "no le temen a ningún poderío militar y siguen con sus redes pescando con sus redes en el mar Caribe, ejerciendo soberanía política y económica".
Por décadas la costa venezolana, que se estira sobre 2.800 kilómetros, ha servido de punto de partida para barcos y aviones cargados de droga. No está lejos la porosa frontera que comparte con Colombia, el mayor productor mundial de cocaína. Según Estados Unidos y grupos como Transparencia Internacional, este lucrativo comercio ha florecido gracias al apoyo de un ejército y un gobierno plagados de corrupción.
Un laboratorio clandestino de procesamiento de coca en Colombia, dentro de la selva amazónica.
En 2020 acusaron en un tribunal de Nueva York al propio Nicolás Maduro junto con otros altos funcionarios por "conspiración de narcoterrorismo" y otros cargos, por supuestamente trabajar con guerrillas colombianas para "enriquecerse" e "inundar" a Estados Unidos con cocaína. Si bien Maduro negó las acusaciones, dos generales de alto rango juzgados en Estados Unidos se declararon culpables de ese y otros cargos.
El Ministerio de Defensa de Venezuela y los portavoces del Ministerio de Comunicación y la Asamblea Nacional no respondieron a cuestionarios enviados por OCCRP sobre este tema. No se pudo contactar al Ministerio del Interior ni a Presidencia para obtener comentarios.
Al ser consultada sobre los ataques y su legalidad, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo a OCCRP que se habían lanzado contra "narcoterroristas designados que traen veneno mortal a nuestras costas".
‘Pasan embarcaciones extrañas’
Conocida por sus coloridos carnavales y su arquitectura colonial, Güiria solía tener una sólida industria pesquera, con barcos que llevaban redes de arrastre para capturar camarones y peces, una práctica que fue prohibida por razones ambientales en 2009.
No pasó mucho tiempo antes de que los pescadores que se aferraron al poblado fueran golpeados de frente por la crisis económica que carcome Venezuela. La escasez de combustible y la inflación condenaron a importantes sectores de la población a una aguda inseguridad alimentaria.
Hoy en día, el estado sigue imponiendo límites a la venta de gasolina subsidiada. Los pescadores dicen que no logran navegar lo suficiente para generar ganancias.
"Eso no da para el trabajo", dijo a OCCRP un pescador de mediana edad y agregó que muchos abandonaron el oficio porque no tienen suficiente dinero para reparar sus barcos.
"Por aquí había antes 10 pescadores, en esta calle", señaló.
Ahora solo quedan cinco y son "todos son contemporáneos en cuanto edad", intervino otro. "O sea, no hay pescadores nuevos".
Un barco estropeado en el pueblo de Morro de Puerto Santo en el estado Sucre, Venezuela.
Esta carencia económica ha convertido a Güiria y otros pueblos en terreno fértil para grupos criminales. Además de usar la región para embarcar drogas, también usan la costa como base para el tráfico de migrantes que huyen de las innumerables crisis de Venezuela.
En un pequeño pueblo en el este del estado Falcón, donde se levantan casas con remiendos de láminas de metal y tablas de madera, es un secreto a voces que hay actividades irregulares. Un lugareño indicó que las realizan personas que "no son de la zona".
Por la noche, "los muchachos ven embarcaciones extrañas que se ve pasar con dos motores para arriba. Por ahí no hay zona de pesca con dos motores. Eso son lanchas que se prestan para otro tráfico", dijo el lugareño a OCCRP.
Esas son "embarcaciones buenas", agregaron. "¿Tú vas a estar pescando por ahí con una lancha de esas?"
Casa en un pueblo costero en Tiguadare, estado Falcón, Venezuela.
La descripción coincide con el tipo de embarcaciones que parecen haber sido el objetivo de los ataques estadounidenses: lanchas rápidas equipadas con motores adicionales que les permiten alcanzar velocidades de entre 20 y 50 nudos.
Aunque son relativamente pequeñas, miden generalmente entre seis y 15 metros de largo, estas embarcaciones ofrecen suficiente espacio para esconder cientos de kilos de cocaína y para embarcar tambores de combustible adicionales. Así extienden su alcance a destinos tan lejanos como la República Dominicana, un centro de tránsito clave para la cocaína con destino a Estados Unidos.
Los motores para estos barcos son fáciles de obtener y reemplazar en los pueblos venezolanos cuyos muelles de concreto están alineados con embarcaciones desgastadas por la intemperie.
"Si se hunde o se pierde una lancha rápida, su reemplazo es inmediato", dice Andrei Serbin, un experto en seguridad que dirige el grupo de expertos enfocado en América Latina, Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales.
Los grupos criminales ‘Eran la autoridad’
Según Serbin, el Estado se retiró de regiones periféricas como Sucre y Falcón en los últimos años y solo permanecieron fuerzas de seguridad de bajo nivel que se han vuelto cómplices "con los grupos paraestatales”.
OCCRP entrevistó a un pescador de Sucre que señaló que, tras el vacío que dejaron las autoridades, los grupos criminales locales se han convertido en intermediarios judiciales extraoficiales. En lugar de la policía, "ellos eran la autoridad", dijo. "Mandaban a buscar al culpable, investigaban, se los llevaban y aplicaban sus castigos, las torturas que les parecían".
Maduro y los portavoces de su régimen han rechazado durante mucho tiempo las acusaciones de Estados Unidos de que él y otros funcionarios de alto rango están involucrados en el narcotráfico como parte del "Cártel de los Soles". Este término ha sido usado por expertos para describir una red flexible de actores militares y políticos que supuestamente se benefician del tráfico con la protección del Estado. En una carta reciente a la administración Trump, Maduro calificó las acusaciones de "noticias falsas" (fake news).
El presidente venezolano Nicolás Maduro habla durante un mitin progubernamental oponiéndose al presidente estadounidense Donald Trump en Caracas el 14 de agosto de 2017.
Los expertos, sin embargo, cuestionan la sinceridad de los esfuerzos de su gobierno para detener el flujo de drogas que fluye por el país. En un informe de 2024, la rama venezolana de Transparencia Internacional advirtió que la " falta de información pública fiable" proporcionada por las agencias gubernamentales, junto con las restricciones a la libertad de prensa y "uso de propaganda en los canales oficiales", dificultan que la sociedad civil evalúe las políticas antidrogas del régimen.
Si bien la producción de cocaína alcanzó máximos históricos y las incautaciones se han disparado en muchos países, las cifras de Venezuela se mantienen relativamente estancadas: durante las últimas dos décadas, las autoridades han reportado incautaciones que promedian 35 toneladas, año tras año.
"El debate no puede seguir reducido a cuántos kilos se decomisan o cuántas lanchas se destruyen, o cuántos seres humanos convertidos en mulas por el narcotrafico se pudren en la cárcel", dijo Tablante, el exdiputado venezolano. "La pregunta sigue siendo la misma que hicimos hace décadas: ¿Quién protege? ¿Quién permite? ¿Quién se beneficia?".
Michael Vigil, quien fue director de operaciones internacionales de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), dijo que la cantidad de cocaína que transita por Venezuela es "mayor" de lo que el país informa.
Pero también criticó el enfoque de la administración Trump y describió los recientes ataques como actos de "teatro político".
"Va a tener cero impacto en el narcotráfico", aseguró.
"La gente en esos barcos está realmente en el extremo más inferior del narcotráfico. Lo hacen porque están tratando de sobrevivir".
