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Las autoridades brasileñas han arrestado a cinco personas ligadas a una red criminal clandestina que presuntamente realizaba espionaje y conspiraciones para asesinar a funcionarios de alto rango y judiciales, informó la policía federal.
Los informes indican que el grupo, autodenominado “Comando C4” —un acrónimo para Comando para Cazar Comunistas, Personas Corruptas y Criminales”— está formado por personal militar retirado y en activo, así como civiles. De acuerdo con la policía, la Organización mantuvo una lista de objetivos que incluía legisladores y magistrados de la Corte Suprema Federal, junto con etiquetas de precios para cada uno de ellos.
La policía incautó documentos impresos en los que se mostraban los costos asociados con vigilancia o asesinatos potenciales: 100,000 reais (aproximadamente 17 mil 650 dólares) por un legislador federal, 150,000 reais (26,470 USD) por un senador, y 250,000 (44,000 USD) por un magistrado de la Suprema Corte. La lista incluía los nombres de Rodrigo Senado, expresidente del Senado, y los magistrados Alexandre de Moraes y Cristiano Zanin.
Las autoridades no han confirmado si los pagos estaban o no destinados únicamente para contratar sicarios. De cualquier manera, los mensajes de WhatsApp internos, obtenidos por el equipo de investigación, indican que el grupo había discutido conspiraciones para cometer asesinatos. Los sospechosos afirmaron tener acceso a personal de inteligencia, especialistas en informática, personal interno de la Secretaría de Hacienda brasileña e incluso armas de uso militar como rifles con silenciador y lanzacohetes.
Estos arrestos constituyen un avance significativo en una investigación más amplia sobre el homicidio del abogado Roberto Zampieri, asesinado en diciembre de 2023 en medio de una disputa de terreno en la ciudad de Cuiabá. La policía considera que el caso está vinculado con una extensa red de corrupción que ha logrado instalarse en el poder judicial brasileño.
Los informes al respecto indican que el teléfono de Zampiery contenía mensajes que lo ligaban con negociaciones para comprar y vender resoluciones legales. Esos mensajes le relacionan con jueces, cabilderos, empresarios y, en particular, con Andreson de Oliveira Gonçalves: un negociador político que ha sido arrestado en 2024 bajo la acusación de orquestar una red de sobornos dentro del Tribunal Superior de Justicia de Brasil.
El esquema criminal habría incluído a personal del Tribunal, fiscales, personas de negocios e incluso jueces, quienes recibían sobornos a cambio de emitir sentencias favorables e información filtrada sobre investigaciones confidenciales.
Entre las personas arrestadas esta semana se encontraba Anibal Manoel Laurindo, un granjero sospechoso de ordenar el asesinato de Zampieri a causa de una disputa sobre un terreno de 5 mil hectáreas. También estarían involucrados Antônio Gomes da Silva, el sicario que confesó el homicidio; Hedilerson Fialho Martins Barbosa, un instructor de tiro; y el coronel retirado del Ejército Etevaldo Luiz Caçadini, acusado de fundar el grupo extremista.
El coronel Caçadini, ahora detenido, dirigía un canal en YouTube llamado Frente Ampla Patriótica , lanzado en enero de 2025 para promover la retórica nacionalista. En un video, instó a los "patriotas" a "organizarse y dictar el destino de nuestra nación", prometiendo que la bandera de Brasil "nunca será roja".
El Tribunal Superior también emitió seis órdenes de búsqueda y captura y ordenó a otros cuatro sospechosos que usen dispositivos electrónicos de monitoreo. Las órdenes serán ejecutadas en los estados de Mato Grosso, São Paulo y Minas Gerais.
Las investigaciones siguen en curso.
