Históricamente, la finca raíz en Francia ha atraído fondos ilícitos. Un análisis del equipo de Latinoamérica de OCCRP y de sus socios muestra cómo presuntos lavadores de dinero, políticos acusados de corrupción y otras figuras sospechosas de origen latinoamericano compraron propiedades en París y en el resto del país.
En el segundo piso de un magnífico edificio parisino, un balcón domina la calle, a pocos pasos del Arco del Triunfo. En el interior, un elegante vestíbulo conduce a un patio lleno de plantas. En el timbre se lee “Zacarías”, pero cuando llama un periodista, nadie responde. Algunos vecinos dicen que no conocen a la familia; otros señalan que no los han visto desde la pandemia de COVID-19.
La vivienda, aparentemente vacía, fue comprada en 2016 a través de una empresa que crearon parientes de un exministro venezolano cuya familia es acusada de manejar decenas de millones de dólares de presuntos sobornos. Este es solo uno de los ejemplos de las maniobras de latinoamericanos de alto perfil, investigados por corrupción u otros delitos, para invertir fondos en propiedades inmobiliarias francesas, según una investigación realizada por el equipo de Latinoamérica de OCCRP y de sus socios.
Otros compradores de finca raíz francesas de alta categoría incluyen a un expresidente peruano sospechoso de aceptar sobornos, a un venezolano investigado por presuntos negocios fraudulentos con la petrolera estatal y al hijo de un exministro brasileño, investigado por presunta corrupción.
En todos estos casos, salvo en uno, las personas fueron investigadas en relación con el caso Lava Jato, un escándalo de corrupción y blanqueo de capitales de origen brasileño que reveló el desvío de miles de millones de dólares de fondos públicos en negocios corruptos.
Uno de los miembros de OCCRP, el Bureau for Investigative Reporting and Data (BIRD), descargó, scrapeó y procesó información publicada por el gobierno francés en diferentes bases de datos, incluyendo el registro de beneficiarios finales, directores y bienes inmobiliarios vinculados a empresas francesas, así como datos geocodificados de las parcelas.
Para facilitar la búsqueda de información, BIRD creó un motor de búsqueda que permite a los periodistas relacionar las propiedades con las personas que están detrás de las empresas propietarias.
Los reporteros empezaron por identificar a personas de interés público, como jefes de Estado y de gobierno, otros políticos y familiares de funcionarios investigados o implicados en casos de corrupción.
Una vez identificadas sus propiedades, enviaron solicitudes al registro de la propiedad de Francia –conocido por sus siglas en francés como SPF– para obtener escrituras de compraventa y otros documentos. Estos revelaban los nombres de los notarios y detalles de las transacciones.
Los mismos datos también fueron scrapeados por el Anti-Corruption Data Collective [Colectivo de Datos contra la Corrupción], que hizo un análisis independiente con Transparencia International y Transparencia Internacional Francia.
La abundancia de propiedades de lujo, sobre todo en París y en la Costa Azul, convierten a Francia en un destino atractivo para el dinero sucio. Aunque el país cuenta con registros de la propiedad relativamente abiertos, quienes combaten la corrupción denuncian que la laxitud en la aplicación de la ley y las lagunas jurídicas aún permiten utilizar la compra de propiedades para blanquear dinero y ocultar fondos ilícitos.
El resultado es que se mantienen en el anonimato los dueños de más de dos tercios de la finca raíz francesa controlada a través de empresas, según recoge Transparencia Internacional y el Anti-Corruption Data Collective en un informe basado en los datos disponibles sobre compañías francesas y propiedad inmobiliaria.
“Sabemos desde hace tiempo que los bienes inmuebles franceses de lujo son una propiedad muy codiciada por delincuentes y corruptos que buscan ocultar y limpiar sus ganancias de origen indebido. Las medidas de transparencia de los últimos años deberían haber cambiado las reglas de juego, pero nos queda un largo camino para garantizar que estas herramientas alcancen todo su potencial”, declaró Maíra Martini, experta en flujos de dinero corrupto de Transparencia Internacional, en un comunicado que acompaña la publicación de un reporte sobre este tema.
William Bourdon, abogado francés y defensor de la lucha contra la corrupción, afirmó que el “prestigio” de lugares como París, la isla caribeña de San Bartolomé y la Costa Azul puede favorecer el lavado internacional de capitales. “El resultado es un mercado inmobiliario especialmente atractivo, que permite blanquear sumas considerables”, añadió.
Los hallazgos ponen de relieve la importancia de los registros de “titularidad real” o de “beneficiarios finales”, que muestran quién posee qué. Esta información es crucial en la base de datos, pero en algunos países los datos de estos registros se han vuelto más difíciles de obtener después de que el año pasado el Tribunal Supremo de la Unión Europea invalidó las normas que obligaban a los Estados a mantener disponible esta información.
Ocho miembros de la Unión Europea cerraron inmediatamente sus registros al público tras la decisión. Francia restringió inicialmente el acceso, pero luego anunció que el registro permanecería abierto “a la espera de la adopción de un nuevo marco jurídico” en la Unión Europea.
Estos son algunos de los principales resultados de la investigación.
Los periodistas descubrieron que familiares cercanos de Haiman El Troudi, exministro de Transporte de Venezuela, poseen un apartamento de 2 millones de euros en París. El Troudi fue ministro de 2013 a 2015 y luego diputado entre 2015 y 2020.
El apartamento, ubicado en la exclusiva Rue du Faubourg Saint-Honoré, figura a nombre de una empresa registrada en París –Saint Mathis 238, rebautizada como SCI Republic– que se creó en 2016. Los propietarios de la empresa son la suegra de El Troudi y su hijo.
Un par de años antes de la compra del apartamento, decenas de millones de dólares en presuntos sobornos de Odebrecht, la constructora brasileña en el centro del escándalo Lava Jato, fluyeron hasta múltiples cuentas bancarias. Estas estaban controladas por la esposa de El Troudi, María Eugenia Baptista Zacarías, y su suegra, Elita del Valle Zacarías Díaz, según investigadores europeos.
Un documento de 2020 –sobre el que informaron los medios Miami Herald y Armando.info – muestra que investigadores portugueses creían que la esposa de El Troudi estaba detrás de una empresa offshore registrada en Panamá, Cresswell Overseas S.A., que había recibido más de 90 millones de dólares en supuestos sobornos de Odebrecht.
Otra serie de documentos procedentes de Suiza, consultados por los periodistas, muestran que autoridades helvéticas habían descubierto que la esposa y la madre de El Troudi controlaban ocho cuentas bancarias en el país, en las que había un total de 42 millones de euros. Las autoridades vincularon ciertos pagos a contratos para construir el sistema de metro de Caracas, que El Troudi supervisaba.
La Fiscalía General de Venezuela declaró públicamente en julio de 2017 que citaría a las dos mujeres por su presunta implicación en la trama de sobornos. En 2018 un juez venezolano desestimó el caso contra la esposa y la suegra de El Troudi. El fiscal asignado al caso dijo que se tuvo que exiliar ese mismo año. No consta que El Troudi haya enfrentado alguna acusación.
Las autoridades portuguesas y venezolanas no respondieron a cuestionarios sobre la situación del caso. La Fiscalía General de Suiza declinó hacer comentarios.
Los periodistas intentaron ponerse en contacto con El Troudi por mensaje de texto y dejaron cartas en las direcciones de su familia que figuran en documentos franceses, pero no obtuvieron respuesta.
La propiedad de París no está lejos de los históricos Campos Elíseos y del Arco del Triunfo. Cuando los periodistas la visitaron, encontraron el nombre “Zacarías” en el timbre de un departamento aparentemente vacío.
Los periodistas también pudieron vincular a la suegra de El Troudi y a su hijo con otros dos apartamentos en París, uno en el mismo edificio y otro en la misma calle. Los documentos del registro francés muestran que una empresa llamada Santa Elena Estates Inc. compró uno de estos apartamentos por unos 2,3 millones de euros y el otro por unos 1,2 millones de euros, ambos en julio de 2012.
Santa Elena Estates Inc. se constituyó en la isla caribeña de St. Kitts y Nevis en marzo de 2012, solo unos meses antes de la compra de las propiedades, y sus directores figuraban como Elita del Valle Zacarías Díaz y su hijo Pedro Donaciano Baptista Zacarías. La información consta en registros de los Pandora Papers, una filtración masiva de documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y compartidos con OCCRP y sus socios.
Los registros franceses muestran que una de las propiedades – la que fue comprada por 1,2 millones de euros – fue vendida en noviembre del año pasado por alrededor de 966.000 euros. Los documentos muestran que Elita y su hijo aún eran directores de Santa Elena Estates al momento de la venta.
Los registros de la propiedad muestran que Luis Oberto, un empresario venezolano presuntamente investigado por blanqueo de capitales, compró múltiples propiedades de elevado coste en la isla francesa de San Bartolomé, en el Caribe.
Una de las empresas, Bucefalus, se creó en 2012. Desde finales de ese año hasta principios de 2013, compró un terreno y dos propiedades conectadas –una casa principal y una unidad más pequeña– en San Bartolomé por un total de 19,9 millones de euros.
Otra empresa, Ganesha, propiedad de Oberto con su esposa, se fundó en 2008 para adquirir una villa de tres dormitorios en San Bartolomé por 2,24 millones de euros. En 2013, cambió esta propiedad, y sumó nueve millones de euros más, por una villa de tres dormitorios junto a la playa por valor de 11,4 millones de euros. Esta propiedad cuenta con piscina, jardín y terraza cubierta.
Según un reportaje de 2019 del Miami Herald, Luis Oberto y su hermano han sido investigados por blanqueo de dinero en Estados Unidos. El artículo citaba fuentes conocedoras de la investigación que afirmaban que los hermanos eran sospechosos de recibir miles de millones de dólares en cuentas a través de préstamos falsos a la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Más de 4.800 millones de dólares habrían sido supuestamente desviados a través de esta trama.
Funcionarios de Estados Unidos no respondieron a un cuestionario sobre el caso. Los registros judiciales estadounidenses no muestran ningún caso abierto.
El año pasado, el fiscal de Venezuela afirmó que se había emitido una orden de arresto contra Oberto y su hermano, pero no ha habido más detalles. Las autoridades venezolanas no respondieron a las peticiones de comentarios sobre el caso.
Los registros franceses muestran que las propiedades de Ganesha y Bucefalus en San Bartolomé fueron incautadas por las autoridades francesas en febrero y marzo de 2022 como parte de una investigación sobre lavado de dinero en curso liderada por la Fiscalía de París.
Los documentos relacionados con la investigación, vistos por los periodistas, indicaban que las propiedades de Bucefalus se compraron con transferencias de dinero de cuentas bancarias de dos empresas offshore – Violet Advisors S.A. y Welka Holdings Limited, las cuales los fiscales venezolanos habían vinculado al presunto esquema de PDVSA.
Los abogados de los hermanos Oberto no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Los periodistas encontraron que Márcio Lobão, hijo de un exsenador brasileño, poseía un apartamento de 110 metros cuadrados y tres habitaciones en pleno centro de París.
Las autoridades brasileñas presentaron en 2019 cargos por blanqueo de capitales y corrupción contra Márcio Lobão y por corrupción contra su padre, Edison Lobão, por haber recibido supuestamente unos 50 millones de reales (12 millones de dólares) de Odebrecht y de la empresa de gestión de residuos Estre Group en relación con el escándalo Lava Jato.
Márcio fue detenido brevemente, pero su padre no fue arrestado. Los dos están siendo juzgados en el Tribunal Federal del Distrito Federal.
En enero de 2021, Márcio y su hermano Edison Filho también fueron objeto de un registro e incautación, resultado de la investigación que había provocado la detención de Márcio en 2019. No se presentaron cargos contra Filho y la situación actual del caso no está clara.
El inmueble parisino, situado cerca de una tienda de Gucci en el acaudalado VI Distrito, fue adquirido por 1,4 millones de euros en octubre de 2008 a través de la empresa de Márcio SCI Guignard, de la que también eran socios sus hijos y su esposa. El edificio, de estilo clásico Haussmann parisino, cuenta con un patio interior.
Cuando los periodistas visitaron la propiedad en abril de 2023, encontraron un timbre con la inscripción “Guignard”, pero nadie respondió cuando llamaron. Un vecino confirmó que a veces Márcio podía ser visto en el apartamento y recordó que la última vez fue en febrero pasado. La propiedad no fue mencionada en documentos judiciales del caso Lava Jato consultados por los periodistas, aunque la decisión judicial que autorizó la detención de Lobão muestra que hizo depósitos en cuentas bancarias que tenía en Francia.
El abogado de Lobão afirmó que su cliente había declarado correctamente todos sus bienes. También subrayó que Lobão no había sido declarado culpable de ninguna de las acusaciones en el escándalo Lava Jato y sostuvo que la cifra de 50 millones de reales declarada por el fiscal era “incorrecta”.
“Es importante señalar que la Fiscalía General no ha conseguido probar ninguna de sus acusaciones hasta ahora”, dijo.
Tras ejercer un mandato como presidente de Perú en los años ochenta, Alan García huyó del país en 1992 para escapar del régimen autoritario de Alberto Fujimori. Llegó primero a Colombia, donde le concedieron asilo, y más tarde comenzó a viajar a Francia. Reportajes de la época sugieren que vivió entre ambos países hasta 2001.
En noviembre de 1997, García y su esposa compraron un apartamento de cuatro dormitorios en el lujoso XVI Distrito de París, junto con un sótano y un pequeño dormitorio independiente en la séptima planta del mismo edificio, por unos 2,5 millones de francos, valorados en unos 430.000 dólares de la época. La propiedad está situada en una tranquila calle lateral, cerca de la avenida Henri-Martin.
Por aquella época, García y su entonces esposa crearon una empresa llamada SCI FIDES, dividieron sus acciones a partes iguales y las donaron a sus cuatro hijos, todos menores de edad en ese momento salvo uno.
El Congreso peruano empezó a investigar a García por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito durante su mandato. Pero el delito prescribió en 2001 y García regresó a Perú ese año y se presentó de nuevo a las elecciones presidenciales.
Mientras García hacía campaña, un congresista llamado Fernando Olivera presentó una denuncia ante el Fiscal de la Nación de Perú sobre la compra del apartamento de París, según informan los medios de comunicación de la época.
García no ganó ese año, pero volvió a ocupar la presidencia cinco años después. En las declaraciones de la renta o de bienes que presentó en su momento sólo figuraban tres propiedades en Lima. En 2001, el último año de su segundo mandato, García manifestó en una declaración jurada que no tenía bienes muebles o inmuebles ni en el país ni en el extranjero.
En octubre de 2013, el apartamento de García en París fue vendido, junto con otras propiedades, por unos 1,4 millones de euros. Para entonces, el Congreso de Perú y su Ministerio Público –una entidad gubernamental similar a una fiscalía– investigaban de nuevo a García por presunto enriquecimiento ilícito en relación con sus compras de propiedades en Lima.
Tras dejar la presidencia, García también se vio envuelto en la investigación brasileña por lavado de dinero y corrupción Lava Jato. En abril de 2019 se emitió una orden de captura preliminar de diez días contra él mientras los fiscales preparaban acusaciones de que recibió sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Se suicidó cuando estaba a punto de ser arrestado.
Los reporteros intentaron ponerse en contacto con la esposa de García a través del abogado de la familia, pero no recibieron respuesta.
Eduardo Goulart (OCCRP), Angus Peacock (OCCRP), Romina Colman (OCCRP), Sana Sbouai (OCCRP), Daniela Castro (OCCRP), Gianfranco Huamán (Ojo Público), Alexander Lavilla (Ojo Público), Nelly Luna Amancio (Ojo Público), Valentina Lares (Armando.info), Abdelhak El Idrissi (Le Monde), Atanas Tchobanov (BIRD), Audrey Travère, y Aldo Benitez (ABC Color).
Este texto fue traducido del inglés por InfoLibre (España).
La verificación de datos fue llevada a cabo por el equipo de Fact-Checking del OCCRP.
