Preguntas frecuentes

Openlux es una investigación basada en un análisis del registro mercantil de Luxemburgo En particular, se concentra en los beneficiarios finales, o UBOs, de las compañías registradas en Luxemburgo Lea las respuestas a las preguntas frecuentes sobre este asunto complejo.

  1. ¿Qué es un beneficiario final (UBO)? ¿Por qué es importante conocer la identidad de los UBO?
  2. ¿Por qué importa Luxemburgo?
  3. ¿Por qué Luxemburgo creó un registro de beneficiarios?
  4. ¿Cómo funciona el registro de UBO de Luxemburgo?
  5. ¿Cuáles son los problemas con el registro UBO de Luxemburgo?
  6. ¿Cómo OCCRP y sus socios lograron usar el registro?
  7. ¿Qué muestran los datos?
  8. ¿Cómo se compara el registro de UBO de Luxemburgo con el de otros países?
  9. ¿Cuáles son las perspectivas para que mejore la base de datos de Luxemburgo? ¿Quién está trabajando en ello? ¿Quién es el responsable?

¿Qué es un beneficiario final (UBO)? ¿Por qué es importante conocer la identidad de los UBO?

Un beneficiario final, o UBO por sus siglas en inglés (Ultimate Beneficiary Owner), es la persona que obtiene un beneficio de una determinada entidad corporativa. El UBO de una empresa legítima puede ser simplemente su propietario legal.

Sin embargo, en estructuras corporativas complejas, el o los UBO posiblemente no aparecen entre los socios de una empresa porque se ocultan detrás de apoderados o de otras empresas. En estos casos, delincuentes y cleptócratas pueden resguardar sus activos o moverlos por el mundo, mientras que sus identidades no figuran en los registros.

Gracias a filtraciones como los Papeles de Panamá, sabemos que hay una industria masiva de abogados, contadores y agentes de formación de empresas que están dispuestos a ayudarlos.

Por eso, la divulgación de información actualizada y precisa sobre beneficiarios reales es esencial para autoridades y periodistas de investigación que buscan procesar o exponer actos de corrupción, que emplean el uso de compañías anónimas para evitar ser detectadas.

81 países tienen leyes que exigen que los beneficiarios finales de las empresas ubicadas en sus territorios se registren ante una autoridad gubernamental. Pero los requisitos sobre qué tipo de entidades corporativas están obligadas a presentar la información varían y prácticamente todas estas leyes tienen vacíos en relación a la exactitud de la información recopilada. Muchos países también ponen límites para su acceso.

Los activistas en favor de la transparencia dicen que los registros de beneficiarios finales tienen que ser gratuitos y abiertos al público. La gente tiene derecho saber quién está construyendo una fábrica en su ciudad, vendiendo seguros, enseñandos a sus hijos o proporcionándoles medicinas. Los periodistas y otros actores de la sociedad civiles quieren acceder a esos registros para investigar a personajes corruptos de forma independiente a las fuerzas de seguridad. Un beneficio adicional, argumentan, es que las empresas legítimas saben con quién hacen negocios y limitan su exposición a actores perjudiciales.

¿Por qué importa Luxemburgo?

A pesar de ser uno de los países más pequeños del mundo, tanto por su tamaño como por su población, Luxemburgo tiene una enorme industria de servicios financieros que atrae billones de dólares de inversión extranjera.

Las bajas tasas de impuestos corporativos, así como la confidencialidad que ofrece el país, atraen inversionistas del mundo entero. Según Tax Justice Network (la Red por la Justicia Fiscal), Luxemburgo es la sexta jurisdicción financiera más secreta del mundo y también ocupa el sexto lugar en su índice de paraísos fiscales empresariales.

Un estudio del Parlamento Europeo también reconoció los vacíos normativos luxemburgueses y afirmó que “Luxemburgo se sitúa a la cabeza de los países de alto riesgo de la UE” en relación a su vulnerabilidad frente al lavado de dinero.

Mientras que oficialmente los impuestos corporativos en Luxemburgo se sitúan alrededor del 25 por ciento, en 2014 la investigación Luxembourg Leaks reveló como, por debajo de la mesa, se llegó a un acuerdo con cuatro importantes firmas de contabilidad para rebajar la factura fiscal a 340 multinacionales. Estos pactos, conocidos como “tax rulings”, permitieron pagar menos de 1 por ciento en impuestos sobre sus ganancias.

Estas revelaciones pusieron contra las cuerdas al entonces recientemente elegido presidente de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker. Cuando Luxleaks se hizo público, Juncker acababa de ser nombrado tras haber ocupado el puesto de primer ministro luxemburgués durante casi dos décadas. Tras sobrevivira una moción de censura, Juncker se comprometió a priorizar la lucha contra la evasión fiscal en su mandato. Años más tarde, recordó su tardía respuesta como uno de los mayores errores de su quinquenio.

¿Por qué Luxemburgo creó un registro de beneficiarios?

Aunque Luxemburgo ha sido durante años un destino privilegiado para el dinero en efectivo del extranjero, fue uno de los últimos países europeos en establecer un registro de UBO y sólo lo hizo tras una considerable presión externa.

Los miembros de la Unión Europea tienen la obligación de aprobar una legislación contra el lavado de dinero que se ajuste a una serie de normas comunes. A lo largo de la última década estas se han endurecido y ampliado, gracias en buena parte a investigaciones periodísticas que expusieron cómo los más ricos evadían los sistemas existentes.

En las negociaciones sobre la última gran actualización de estas reglamentaciones de la UE, el Parlamento Europeo abogó por que se añadiera el requisito de crear registros de UBO abiertos al público entre los países miembros. Sus argumentos fueron reforzados por la publicación de los Luxembourg Leaks, una importante investigación del ICIJ que mostró cómo grandes empresas reducían sus impuestos aprovechando estructuras corporativas basadas en Luxemburgo.

En 2015, la UE aprobó por primera vez un paquete de medidas que le exigía a los Estados miembros crear un registro de UBO. Pero, en un golpe para los defensores de la transparencia, no exigía que este fuera abierto al público.

Sin embargo, a los pocos años, una serie de atentados terroristas y la publicación de la investigación de los Papeles de Panamá, obligaron que los responsables políticos reforzaran de nuevo los reglamentos de lucha contra el lavado de dinero. La actualización de las normas de 2015 obligaba a todos los Estados miembros hacer públicos sus registros de UBO.

Luxemburgo, junto a otros países, se demoró y a finales de 2018 la Comisión Europea lo llevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque ni siquiera aplicó un conjunto de normativas anteriores. En enero de 2019 Luxemburgo finalmente aprobó una ley para establecer su registro de UBO y la abrió en marzo de ese año.

¿Cómo funciona el registro de UBO de Luxemburgo?

El Registro de Negocios de Luxemburgo, un organismo cuasi-oficial gestionado por el Estado, la Cámara de Comercio y la Cámara de Oficios, se encarga del registro de UBO del país.

Cualquier persona puede acceder al registro en sitio web, que contiene el registro mercantil. Tras superar una pregunta de verificación, los usuarios pueden buscar empresas por su nombre o por su número de identificación.

Para acceder al registro de UBO no hay que pagar ni hay que crear un usuario. Pero hay limitaciones serias que restringen su utilidad para periodistas, activistas o el público en general.

Crédito: lbr.lu Search results from Luxembourg’s UBO register.

¿Cuáles son los problemas con el registro UBO de Luxemburgo?

Al ver los resultados de las búsquedas de una empresa, son evidentes las limitaciones del registro. Muchas empresas aún aparecen con un “certificado de no inscripción de los beneficiarios efectivos” lo que indica que a pesar de la ley no han presentado sus UBO al registro.

Según las cifras del gobierno, casi el 90% de las empresas luxemburguesas ya entregaron la identidad de sus UBO al registro, tal y como se exige. En realidad, según los datos extraídos por Le Monde, la cifra real es más cercana al 50%. Incluso cuando se cumple con las declaraciones, todavía hay vacíos. Por ejemplo, si ninguno de los socios tiene más del 25% de la empresa, no es necesario divulgar sus identidades. En este caso un mensaje anuncia que “no se ha podido identificar a ningún beneficiario efectivo” y que en su lugar se registraron “altos cargos directivos de la empresa”.

Cuando un beneficiario final quiere disimular su presencia, apoderados o abogados suelen ocupar ese puesto. En estos casos, la base de datos es poco útil para investigar. Pero el principal defecto del registro es también uno de los más básicos: no se puede buscar un dueño por su nombre. Si un periodista quiere averiguar si un funcionario corrupto o un delincuente tiene una empresa en Luxemburgo, necesita tener mucha suerte para encontrarla en la base de datos.

“El hecho de que no se pueda buscar por el nombre de UBO puede verse como una forma de proteger la privacidad”, dijo Maira Martini, experta en políticas de Transparencia Internacional. Y señaló que la búsqueda de un “equilibrio entre el interés público y el privado” cuando se elaboran las normas sobre UBO ha ocupado un lugar destacado en los debates entre los legisladores de la UE.

Según Martini, la falta de un mecanismo que garantice la exactitud de los datos es otra falla del registro luxemburgués. “Dinamarca y algunos otros países de la UE han empezado a poner en marcha mecanismos de verificación, por lo que sin duda hay un margen de mejora”, dijo. “Se trata de un vacío crucial que debe solucionarse”.

¿Cómo OCCRP y sus socios lograron usar el registro?

Para sortear las deficiencias del registro UBO de Luxemburgo, el periódico francés Le Monde logró extraer 3,3 millones de documentos de la plataforma online del registro. Hay documentos corporativos y estados financieros de las 260.000 empresas que se han registrado en Luxemburgo desde 1955. Los datos incluyen la identidad de 117.424 propietarios efectivos (o administradores, cuando los dueños no pueden ser identificados).

En colaboración con OCCRP y su equipo de datos que procesó la información, periodistas de una docena de medios de todo el mundo hicieron búsquedas por nombre, juntando pistas que les permitieron hacer historias de interés para sus lectores.

¿Qué muestran los datos?

Los periodistas encontraron nombres sorprendentes. Traficantes de armas, líderes de organizaciones criminales, así como amigos y familiares de figuras políticas del mundo entero se mezclan con multimillonarios, cantantes, actores y deportistas. Por lo menos 104 miembros de la lista Forbes de multimillonarios aparecen en la base de datos.

Los periodistas también identificaron:

  • Un traficante de armas que está en medio del mayor escándalo de corrupción en Francia;
  • El líder de una de las mayores organizaciones criminales rusas, con conexiones con el Kremlin;
  • Un yerno del atiguo dictador tunecino.
  • Un empresario turco acusado por Estados Unidos de estar vinculado a una trama de créditos fiscales de 511 millones de dólares;
  • Un magnate indonesio del aceite de palma, considerado como responsable de la deforestación de miles de hectáreas de selva;
  • Varios miembros de la temible mafia ‘Ndrangheta.

¿Cómo se compara el registro de UBO de Luxemburgo con el de otros países?

Según la normativa de la UE, los Estados miembros tenían hasta el 10 de enero de 2020 para tener registros de UBO de acceso público. Pero la mayoría no lo ha hecho. Luxemburgo es uno de los cinco que han implantado un registro gratuito y de acceso público. Los otros son Bulgaria, Dinamarca, Letonia y Eslovenia.

Aunque otros países de la UE también tienen registros, siete colocaron barreras de pago y 17 no los han abierto al público. LOs [EE.UU. En Estados Unidos, la [Ley de Transparencia Corporativa aprobada el mes pasado exige que se cree un registro de UBO. Pero solo las autoridades podrán tener acceso.

Thom Townsend, director ejecutivo de OpenOwnership, una ONG que aboga por la transparencia de los datos de propiedad efectiva, describe el registro de Luxemburgo como “marginalmente mejor que la media”, con una utilidad limitada porque sólo puede buscarse por empresa, en lugar de por propietario.

El registro alemán funciona al revés: se puede buscar por personas, pero no por empresas. Además, Alemania sólo permite que solo sus ciudadanos tengan acceso y cobra por cada búsqueda.

La exactitud de los datos también es un problema. Luxemburgo no es el único que tiene fallas. Un estudio sobre el registro Companies House del Reino Unido, alabado por su acceso público y gratuito, descubrió que niños menores de dos años aparecían como titulares de 4.000 empresas. Otras 400.000 empresas aún no habían declarado o no podían decir quién era su beneficiario final.

El registro danés ha sido distinguido por entregar una de las informaciones más precisas del mundo sobre UBO, ya que exige que incluso presenten una copia de su pasaporte o documento de identidad. Después se realizan comprobaciones para determinar si una personas es realmente el beneficiario final de la entidad. Si una empresa no puede o no entrega información exacta, las autoridades la pueden disolver.

Por último, Dinamarca es parte de un pequeño grupo de países que publica la información sobre UBO en un formato estructurado de datos abiertos, lo que facilita estudiarlas y cruzarla con datos de otros países.

¿Cuáles son las perspectivas para que mejore la base de datos de Luxemburgo? ¿Quién está trabajando en ello? ¿Quién es el responsable?

Que la accesibilidad y la utilidad del registro UBO de Luxemburgo mejoren depende de las disposiciones de la Unión Europea. Aunque las repetidas revelaciones sobre abusos corporativos han sido un argumento poderoso a favor de la transparencia, queda por ver si existe suficiente voluntad política para obligar a los Estados miembros a realizar cambios.

La quinta Directiva de la UE contra el lavado de dinero obliga que los Estados miembros actualicen sus registros de UBO para que sean legibles para un computador y que sean estructurados. Así se crearía un registro interconectado en toda la UE antes del 10 de marzo de 2021. Pero no es obligatorio presentar esta información en lo que se llama “formato de datos abiertos”. Además, habrá pocos cambios sobre la forma en la que los registros recopilan y comparten la información sobre los UBO.

“Hay un gran debate sobre qué información del registro de empresas debe publicarse de manera abierta y cuál no” dijo Martini, de Transparencia Internacional. Sin un requisito de datos abiertos, añadió, la UE seguirá permitiendo que los Estados miembros fijen sus propias reglas. Por ejemplo, imponer cobros para ingresar u obligar que los usuarios se registren.

¿Qué les impide hacerlo? Uno de los mayores obstáculos es la privacidad.

Los países que restringen las búsquedas por nombre de UBO, pueden argumentar que proteger la privacidad es importante. De hecho, es lo que Luxemburgo avanza. “Ya están apareciendo casos judiciales que impugnan estos registros” por considerar que exponen información personal, explicó Martini.

Además de crear bases de datos más completas, el sector pro-transparencia argumenta que se necesitan más fondos para garantizar la exactitud de la información de los UBO. Al fin y al cabo, si se presenta información falsa, no importa que el público la vea o no.

“Cuando pensamos en todo esto, está el aspecto político. Pero también la cuestión, extremadamente aburrida, de quién paga por ello”, explicó Townsand.

Dinamarca afirma que realiza comprobaciones manuales de cada empresa que presenta información sobre los UBO. Esto se considera una buena práctica, pero también requiere la contratación de investigadores financieros cualificados para examinar cada una de estas presentaciones, dijo. Estos ingresos podrían salir de impuestos o de aumentar las tasas que cada empresa tiene que pagar al constituirse.

“El punto fundamental es que el dinero no está ahí, y tiene que estarlo”, dijo Townsand. Dinamarca realiza verificaciones manuales en empresas que se considera que han presentado información sospechosa de UBO. Esto se considera una buena práctica, pero también requiere la contratación de investigadores financieros cualificados para examinar cada una de estas presentaciones, dijo. Estos ingresos podrían salir de impuestos o de aumentar las tasas que cada empresa tiene que pagar al constituirse.

“El punto fundamental es que el dinero no está ahí, y tiene que estarlo”, dijo Townsand.

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