Regina Martínez, una prestigiosa periodista mexicana que informaba sobre los carteles de la droga y la corrupción policial, fue golpeada y estrangulada en su casa en el 2012. La investigación sobre su asesinato fue muy deficiente y dejó muchas preguntas sin respuesta - quizás de forma intencionada.
Como parte del esfuerzo para desvelar la verdad tras el asesinato de Regina Martínez, OCCRP presentó una solicitud de acceso a la información para obtener el expediente del caso, y ahora lo hace público por primera vez.
Las peticiones fueron realizadas en el 2020, cuando un grupo de medios realizó su propia investigación, como parte de un proyecto transnacional coordinado por Forbidden Stories. Los periodistas realizaron entrevistas y peinaron cientos de documentos judiciales, publicando sus hallazgos en un reportaje que fue premiado.
La información que recopilaron pone en duda la teoría presentada por los fiscales del estado mexicano de Veracruz, que lograron convencer al tribunal de que Martínez fue asesinada por un trabajador sexual drogadicto que sostenía que era su amante.
Los amigos y colegas de Martínez insisten en que ella no conocía al hombre. Y la única persona condenada por el asesinato, otro adicto con antecedentes conflictivos, se ha retractado de su confesión, alegando que fue torturado para decirle a la policía que mató a Martínez.
Los documentos disponibles para descargar ponen de manifiesto numerosas inconsistencias en el caso. Los archivos están presentados en orden cronológico y están divididos en secciones que corresponden a las diferentes etapas del caso según este se fue desarrollando.
México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, con al menos 120 reporteros asesinados en los últimos 20 años, entre ellos Martínez. Grupos de derechos humanos han reclamados a los fiscales la reapertura del caso y la publicación del expediente sobre su asesinato, pero estos rechazaron compartirlo haste el año pasado, cuando la solicitud de información pública los obligó. En noviembre del 2020, en respuesta a preguntas de OCCRP y de Forbidden Stories, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que el caso debería reabrirse.
Los investigadores comenzaron interrogando a los vecinos de Martínez y a sus hermanos sobre cualquier incidente de relevancia que se produjera antes del asesinato. Un hermano mencionó que poco antes alguien había entrado en la casa cuando Martínez no estaba. Los investigadores de la Fiscalía General de Veracruz preguntaron porque eso no había sido denunciado. También se incluyen documentos describiendo cómo los investigadores descubrieron el cadáver de Martínez. Entre ellos, está la transcripción de la llamada de un oficial de policía que estaba en la escena del crimen.
Los archivos también incluyen la discusión sobre qué agencias deberían tomar el control de la investigación. En la conversación aparece el Ministerio Público, una agencia federal bajo supervisión de la oficina de la Fiscalía General de la República, y que también participó. La entonces fiscal especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), que investiga ataques a periodistas, dijo que sintió que las autoridades locales bloquearon sus esfuerzos para esclarecer el asesinato.
El documento está censurado para cumplir con la ley mexicana de protecciones de datos, que muchas veces las autoridades interpretan como una prohibición para incluir fotos e información que permita permitir identificar a cualquier persona. Incluso el nombre de Martínez fue censurado, pese a que todo el expediente es sobre su asesinato.
Los investigadores determinaron que Martínez murió a causa de un estrangulamiento realizado con un trapo de limpieza y localizaron sangre en el baño donde la golpearon.
Los archivos indican que los investigadores sólo encontraron “fragmentos” de huellas dactilares, pero los detalles también fueron censurados. Más información fue revelada en una investigación independiente por Laura Borbolla, entonces fiscal de la Feadle. Borbolla acusó a los investigadores estatales de prácticas forenses deficientes que deterioraron de forma irremediable esas huellas. También señaló que logró recuperar dos huellas de la escena del crimen, pero que no localizó a ningún individuo que encajara con ellas. Ni siquiera al principal sospechoso identificado por los investigadores veracruzanos, cuyas huellas nunca aparecieron en la escena del crimen.
Entre los documentos hay cartas enviadas por la fiscalía de Veracruz en las que se exhorta a la gente a testificar. Estas misivas informaban a los interrogados que les iban a tomar las huellas dactilares, así como muestras de ADN de sus uñas y boca. Algunos de los amigos de Martínez explicaron a los reporteros de que les molestó haber sido tratados como sospechosos y que incluso fueron sometidos a exámenes dentales para determinar si sus dientes podían coincidir con una mordedura hallada en el cadáver de Martínez.
Varios artículos sobre el asesinato de Martínez están incluidos en el expediente, junto con reportajes de investigación periodísitica sobre altos cargos del estado de Veracruz. Algunos de esos artículos fueron escritos por Martínez. También incluyeron ‘La década trágica’, un artículo publicado días después del asesinato de Martínez que menciona a dos altos funcionarios de Veracruz con posibles vínculos con el crimen organizado.
También se añadió en el expediente la petición de los investigadores de visitar las viviendas de las personas que testificaron, así como notas sobre la amistad de Martínez con periodistas.
La fiscalía de Veracruz sostiene en uno de los documentos que “es el deber de esta oficina especializada del procurador investigar el trabajo periodístico de la fallecida”. La revista Proceso de la Ciudad de México, el medio para el que trabajaba Martínez, también insistió para que los investigadores consideraran sus investigaciones como un posible motivo para su asesinato.
Sin embargo, la autoridades no siguieron esa línea tan obvia de investigación y se inclinaron por presentar el asesinato como un crimen y un robo pasional.
El expediente incluye una detallada descripción de la vivienda de Martínez, de cada habitación y de su contenido. Los investigadores destacan la presencia de botellas de cerveza.
Borbolla dijo a OCCRP que la fiscalía de Veracruz realizó una investigación deficiente. “En realidad, las autoridades locales no estaban al corriente de las buenas prácticas y de los protocolos correctos de investigación”, dice.
Este apartado del expediente también incluye cartas oficiales entre las autoridades locales y federales sobre la investigación.
En una desviación flagrante de la línea de investigación más lógica, los investigadores ignoraron totalmente el trabajo periodístico de Martínez como posible móvil del crimen. En lugar de eso, solicitaron un perfil psicológico de la periodista, que fue realizado por un profesional de la fiscalía.
Esta sección incluye la referencia a una petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los progresos en la investigación.
Los investigadores interrogaron a los amigos y familias de Martínez sobre su vida privada, incluyendo sus relaciones amorosas. Todos respondieron que Martínez era muy reservada. La única relación que se le conocía fue la que mantuvo con un fotógrafo, años atrás.
Los documentos muestran cómo la fiscalía preguntaba si Martínez era la dueña de la vivienda donde residía y ofrecieron a los miembros de la familia apoyo psicológico, una propuesta a la que no respondieron.
Algunos documentos estaban escritos a mano, entre ellos una lista de objetos hallados en el interior de la casa de Martínez. Esta sección del expediente también incluye las declaraciones de personas a las que se interrogó sobre el trabajo de Martínez, entre ellos periodistas, amigos y familiares. No constan entrevistas con políticos o responsables públicos.
Entre los documentos aparecen las medidas tomadas por los investigadores para analizar la situación financiera de Martínez.
Las autoridades intentaron determinar con quién tuvo contacto Martínez. Investigaron en sus registros telefónicos, tomaron declaración a amigos, conocidos y compañeros periodistas. Los archivos muestran los escasos progresos con la mayoría de entrevistados, que señalaron que Martínez era muy reservada.
El documento también muestra cómo los investigadores no fueron capaces de hallar huellas dactilares completas.
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El expediente muestra que los investigadores se concentraron en Jorge Antonio Hernández Silva, conocido como ‘El Silva’, que más tarde se retractó de su confesión. Los investigadores interrogaron a ‘El Silva’ y a sus conocidos. Varios explicaron su modo de vida en el entorno del Parque Juárez, en Xalapa, la capital de Veracruz, donde consumían drogas y ejercían la prostitución. Los investigadores fueron a las casas de empeño para buscar objetos que faltaban en la casa de Martínez, incluida una computadora portátil y teléfonos celulares.
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Esta sección describe la sentencia. La jueza Beatriz Rivera Hernández aceptó el argumento de la fiscalía en el sentido que la noche del asesinato, El Silva hllegó a a la casa de Martínez con José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, apodo común para los nativos de Veracruz. El fiscal concluyó que El Silva tenía la intención de robar al periodista.
El caso comenzó a desmoronarse casi de inmediato. La investigación misma mostró que muchos objetos de valor permanecieron en su casa, lo que hacía que el robo fuera un motivo poco probable. El Jarocho nunca fue hallado y El Silva dijo más tarde que la policía lo torturó para que confesara.
El juez Edel Álvarez Peña ordenó la liberación de El Silva por irregularidades en el caso en su contra. Pero uno de los hermanos de Martínez interpuso un amparo contra la decisión y El Silva permanece en prisión.
Los archivos también señalan que números de la revista de Martínez, Proceso, desaparecieron de los quioscos en al menos tres ocasiones cuando se publicaban historias sobre crimen organizado, política y homicidios.
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