Para los venezolanos, a pesar de los apagones masivos que enfrentaron este año, no fue la primera vez que se tuvieron que acostumbrar a vivir en la oscuridad.
En 2010, un largo verano y el debilitamiento de la infraestructura llevaron al sistema eléctrico al borde del colapso: cortes de energía programados provocaron un caos vial, algunos pacientes no lograron seguir con sus diálisis en hospitales del país e incluso el gobierno recortó drásticamente las jordanas laborales.
Los venezolanos tuvieron que subsistir a la luz de las velas y, a punta de cacerolazos, manifestaron su cólera.
En ese 2010, mientras los servicios públicos se deterioraban, la popularidad del entonces presidente Hugo Chávez llegaba a uno de sus puntos más bajos en diez años al poder. Señaló a una multitud de culpables por la escasez eléctrica, desde espías colombianos que sabotearon instalaciones, hasta a la gente que canta bajo la ducha (la energía en Venezuela depende en buena medida de la hidroelectricidad), pasando por los políticos de oposición, a quienes apodó “escuálidos”.
“Los escuálidos están ligando a que no llueva. Pero va a llover más, compadre, tú vas a ver, porque Dios es bolivariano”, exclamó Chávez, usando su palabra predilecta para definir su movimiento político. Y añadió: “Dios no puede ser escuálido. La naturaleza está con nosotros”.
Sin embargo, Chávez encontró una ayuda terrenal mucho más efectiva: los bolichicos, cómo se apodó a un grupo de jóvenes venezolanos, de clase alta y bien conectados.
En medio del caos energético, dos bolichicos divisaron una oportunidad. Alejandro Betancourt, que tenía 29 años y su primo Pedro Trebbau, entonces de 26, montaron su propia compañía de electricidad: Derwick Associates.
Según el ingeniero José Aguilar, miembro del Grupo Ricardo Zuloaga - un grupo de expertos que ha examinado los contratos de suministro eléctrico en Venezuela - ninguno de los dos tenía experiencia en el sector energético. OCCRP tampoco encontró ninguna prueba de ello. (En un correo electrónico, la empresa le indicó a OCCRP que tanto sus accionistas como sus colaboradores tenían “suficiente experiencia demostrada para competir por todos los proyectos obtenidos por Derwick”, aunque no dieron más detalles).
En todo caso, Derwick vivió un ascenso meteórico. En solo 14 meses, entre 2009 y 2011, la empresa obtuvo contratos con empresas públicas por más de 5.000 millones de dólares, incluyendo 11 proyectos de construcción de nuevas plantas eléctricas y uno más para modificar instalaciones prexistentes.
Los contratos fueron adjudicados sin licitación, pues Chávez había suspendido los procesos usuales de contratación por la emergencia energética. Según Simón Saturno, un ingeniero eléctrico venezolano que analizó las obras de Derwick para la organización anticorrupción Transparencia Venezuela, los contratos incluyeron anticipos, lo cual significa que Derwick no necesitaba fondos propios para comprar equipos y usualmente no pagaba por adelantado la construcción e instalación de las plantas.
“Cada compra era objeto de un contrato, y en cada contrato, dependiendo de las opciones que ofreciera Derwick, se establecía una modalidad de pago, que podía incluir un anticipo suficiente para que Derwick pudiera comprar los equipos”, dijo Saturno.
(En declaraciones a fiscales venezolanos en 2013, Betancourt lo negó y dijo que Derwick puso capital propio en sus proyectos e incluso adelantó fondos).
En 2013, el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela Otto Reich demandó a Betancourt, Trebbau y a un tercero, alegando que Derwick habría pagado jugosos sobornos para hacerse a los contratos públicos (la demanda sin embargo fue desestimada).
En un primer momento, la fuerte inversión del gobierno en infraestructura eléctrica resolvió la crisis. Pero, con los años, los venezolanos se acostumbraron a enfrentar apagones recurrentes.
Una cosa sin embargo había cambiado: los bolichicos de Derwick eran ahora extremadamente ricos. En España, a partir de 2010, se fundaron tres empresas estrechamente vinculadas con Betancourt y Trebbau, a través de las cuales se compraron millonarios bienes.
En 2011 se creó Derwick Associates International, en la que tanto Betancourt como Trebbau figuraban como apoderados. Un año después la empresa registró la compra de una hacienda de 1.396 hectáreas en la provincia de Toledo. La propiedad incluye un antiguo castillo y era usada como coto de caza por la aristocracia española. Aunque los registros públicos no revelan el precio de venta, en 2017 la compañía declaró más de 30 millones de euros en activos.
Trebbau es además el administrador principal de otra empresa española, fundada en 2010. Se trata de Eiffel Real State, dueña de un lujoso apartamento en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, justo detrás del Museo del Prado y cerca al parque de El Retiro. Los activos de Eiffel sobrepasan los tres millones de euros.
Betancourt y su madre, Lilia Cristina López, son por su parte administradores de la empresa Guanabana Real State, propietaria de otro apartamento en el centro de Madrid y cuyos activos alcanzan más de un millón de euros.
Según la demanda presentada por el exembajador estadounidense Reich, Betancourt también es propietario de un pent-house de 11,5 millones de dólares en Nueva York. Registros de propiedad indican que el bien fue adquirido en 2012 a través de una empresa en Delaware. Y en 2016, Betancourt encabezó un grupo financiero que invirtió 50 millones de euros en Hawkers, una empresa española de gafas de sol, que llegó a asociarse con el futbolista Lionel Messi para diseñar una línea de lentes.
El año pasado se filtraron decenas de documentos financieros del banco suizo Compagnie Bancaire Helvetique (CBH), que muestran detalles adicionales sobre la magnitud de la fortuna de los dueños de Derwick y además revelan cómo la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA les entregó campos petroleros a los bolichicos.
Entre 2011 y 2013, mientras los apagones seguían en Venezuela y la crisis económica se agudizaba, en las cuentas de CBH se acumularon importantes patrimonios de funcionarios y empresarios vinculados con el gobierno Chávez. Los directivos de Derwick no se quedaron atrás. Entre enero y septiembre de 2013, el bolichico Francisco Convit, socio de Betancourt y Trebbau en una compañía petrolera, recibió transferencias por más de 77 millones de dólares. Betancourt por su parte registró movimientos por más de 115 millones de dólares.
Una parte vino de cuentas en las Bahamas, jurisdicción conocida por albergar compañías offshore, desde donde Betancourt recibió casi 5 millones de dólares y Convit cerca de 2 millones de dólares. Los registros muestran además que Convit era cliente del banco HSBC en Mónaco, Betancourt de JPMorgan Chase en Estados Unidos y que ambos tenían cuentas en el Canadian Royal Bank.
Con base en estos archivos financieros, los medios venezolanos El Pitazo, Runrun.es y Armando.info, así como el periódico digital español El Confidencial, rastrearon un flujo de hasta 100 millones de dólares al año entre los bolichicos, sus familiares y compañías offshore que controlaban. La investigación periodística, ya publicada, fue el punto de partida de esta nueva historia, que OCCRP realizó en colaboración con El Pitazo.
La filtración de CBH también incluyó una nota interna, firmada por Charles-Henry de Beaumont, ex gerente financiero del banco y administrador de las cuentas de Betancourt y Convit, así como por su colega Leandre Sappino, ahora subdirector de CBH.
Este memorándum, parte de un chequeo de debida diligencia, se envió a varios altos ejecutivos de CBH. Y revela por primera vez que el gobierno de Chávez le entregó a los dos bolichicos el derecho de explotar importantes pozos petroleros para agradecerles su ayuda en la emergencia energética de 2009 - 2010.
Según el documento, los ejecutivos de Derwick obtuvieron favores del gobierno y de PDVSA tras importar e instalar plantas de energía en varias zonas golpeadas por los apagones.
“Construyeron su reputación en el segundo mandato de Chávez, durante la crisis eléctrica de Caracas”, escribieron los banqueros. “Mientras Chávez acusaba a los estadounidenses y a otros imperialistas de sabotear el sistema eléctrico, Alejandro y Francisco trajeron enormes generadores al país, lo que le permitió al presidente restaurar la situación y salvar su prestigio frente al pueblo”.
El memo continúa: “Desde ese día, el gobierno y PDVSA están muy agradecidos con Derwick y sus beneficiarios económicos. No está de más decir que, dado que PDVSA sólo paga sus proveedores a su antojo, Derwick organizó numerosas piezas de perforación, etc… para permitir que PDVSA mantuviera su producción. En un gesto de reconocimiento, PDVSA, que vendió una cantidad de pozos en la cuenca del Orinoco a las grandes de petróleo y gas, permitió que Derwick tomara la iniciativa en un pozo que produce más de 100.000 barriles al día”.
A precios de 2012, esa cantidad de petróleo equivalía a más de 3.000 millones de dólares al año.
La autorización para explotar los campos petroleros se otorgó bajo la administración de Rafael Ramírez, quien presidía PDVSA en ese entonces y quien luego fue embajador de Venezuela en la ONU. Durante el mandato de Ramírez en PDVSA, Derwick también suscribió contratos en 2010 y 2011 con la petrolera estatal para construir cuatro plantas eléctricas.
En una entrevista con El Pitazo, Ramírez dijo que los contratos de las plantas de energía fueron adjudicados como parte de un esfuerzo por liberar a PDVSA de la corrupción y del “sabotaje” antichavista, con la estrategia de buscar nuevos proveedores para la empresa estatal.
Ramírez dijo además que la presencia de Derwick en Petrozamora, la empresa que obtuvo la explotación de los pozos petroleros, no era conocida por PDVSA.
“No sé cómo metieron allí a Derwick”, precisó.
Y mientras los bolichicos de Derwick recibían jugosos beneficios por sus negocios energéticos, las plantas que construyeron no tenían el rendimiento esperado.
En un informe de 2018, Transparencia Venezuela mostró de forma clara como los venezolanos fueron estafados con los acuerdos entre su gobierno y Derwick.
La organización anticorrupción reveló que, en teoría, los 11 proyectos de Derwick tenían que costar 2.100 millones de dólares, pero que en realidad la factura final ascendió a 5.000 millones de dólares. Es decir, el gobierno pagó un sobreprecio de 138 por ciento.
En una respuesta vía correo electrónico, la oficina de relaciones públicas de Derwick negó la acusación. “No existen sobreprecios en los contratos entre Derwick y sus clientes. La cifra de 2.100 millones de dólares sobrepasa la facturación total de todos los proyectos de Derwick con sus clientes en Venezuela”, escribieron.
La compañía agregó que “a pesar de todas las dificultades y riesgos bien conocidos que significan trabajar en Venezuela, el precio por megavatio instalado de Derwick se encuentra entre uno de los más económicos en Venezuela y en sintonía con los precios internacionales”.
Transparencia también publicó que en 2014 tres de los 11 proyectos de Derwick (uno de estos fue transferido a otra empresa) no estaban en servicio y que, actualmente, ninguno está generando la cantidad de energía prevista. Originalmente se contrató una capacidad total de 3.516 megavatios, pero las plantas de Derwick solo producen 827 megavatios (un megavatio puede satisfacer las necesidades energéticas de 750 hogares).
Transparencia considera que no se hicieron estudios de factibilidad para las plantas de Deriwck y que tampoco hubo planes adecuados para su instalación, prueba y puesta en marcha.
Según el ingeniero José Aguilar, del Grupo Ricardo Zuloaga, la baja capacidad operativa de los proyectos de Derwick con PDVSA, con la compañía estatal Corpoelec y con la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) ha sido “realmente desastrosa”.
En el caso de Sidor, la principal siderúrgica del país ubicada en el estado Bolívar, contrataron a Derwick en 2010 para instalar dos plantas eléctricas, pero solamente se instaló una, que ni siquiera ha podido operar con toda su capacidad porque no cuenta con un suministro de gas suficiente. Según Aguilar, Derwick cobró el precio total de la instalación de 440 megavatios, pero sólo entregó 185 megavatios.
La maquinaria de la segunda planta de Sidor nunca fue montada y según Transparencia las cajas con los componentes fueron abandonadas en patios de la siderúrgica.
Un informe de septiembre de 2013 de Corpoelec advertía que la inversión de 100 millones de dólares se perdería si no se instalaba el equipo lo antes posible (desde entonces la turbina de esa planta fue trasladada a otro lugar).
Además, Derwick compró plantas de segunda a Energy Part Solutions, propiedad de la compañía estadounidense ProEnergy. Aunque los propietarios de esa empresa lo niegan, más del 60 por ciento de las turbinas que Derwick adquirió eran usadas. Algunas de estas máquinas fueron traídas de Estados Unidos y Tanzania, según documentos filtrados por Daniel Rosenau, entonces empleado de ProEnergy, el proveedor que Derwick subcontrató para realizar parte de las obras.
En 2017 una comisión parlamentaria examinó algunos proyectos de Derwick y calculó que la compañía le facturó al Estado 1.500 millones de dólares, cuando su costo real era de 551 millones de dólares, es decir un sobreprecio de 173 por ciento.
En esa ocasión funcionarios de Derwick le explicaron a la Asamblea Nacional que no podían dar información sobre los contratos por las cláusulas de confidencialidad, pero afirmaron que su costo promedio estaba dentro de los estándares internacionales.
Trebbau, por su parte, le explicó en 2013 a fiscales venezolanos que Derwick pagó por los equipos más que los precios del mercado porque la compañía tuvo que incurrir en compras inmediatas, con costos “premium” que permitían moverse rápidamente para resolver la crisis.
Sin embargo, Saturno, el ingeniero eléctrico contratado por Transparencia para analizar las plantas de Derwick, afirmó que los precios eran demasiado altos y el trabajo de baja calidad.
“Derwick & Associates fue una empresa que logró, a través del tráfico de influencias, hacer negocios…. en los cuales se vendieron equipos a PDVSA y Corpoelec con sobrecargos, en comparación con los precios de equipos similares en el mercado internacional. Sabiendo que en todos los casos los equipos no podrían prestar el servicio para el cual fueron fabricados, porque no cumplían con los requisitos de diseño del sistema eléctrico en el cual serían incluidos”, le dijo a OCCRP.
El memorándum del banco suizo no sólo reveló que los bolichicos fueron recompensados con petróleo por “salvar a Chávez”, sino también que entraron en este negocio como socios ocultos de la empresa estatal rusa Gazprombank.
En 2011, apenas un año después de que los bolichicos dieran sus primeros pasos en el sector eléctrico, nació en Barbados Derwick Oil and Gas, en la que Betancourt, Trebbau y Francisco Convit fueron nombrados directores.
Según revelan los documentos de CBH, Derwick Oil and Gas rápidamente se asoció con Gazprombank, uno de los bancos más importantes de Rusia, con presencia en la industria del petróleo y el gas. Juntos formaron Gazprombank Latin America Ventures (Gazprombank LAV).
Luego, Gazprombank LAV se asoció con la Corporación Venezolana del Petróleo, una filial de PDVSA, para crear la empresa Petrozamora. Su objetivo: la explotación de varios campos petroleros en Zulia, un estado del noroeste de Venezuela.
Petrozamora obtuvo el derecho de explotar un campo petrolero con una capacidad de 100.000 barriles al día, tal como lo describieron De Beaumont y Sappino en el memorándum. En 2012, la Asamblea Nacional aprobó la creación de Petrozamora y le otorgó un contrato de 25 años para explorar y extraer crudo en estos pozos. Fue ese mismo año que por primera vez se hicieron públicas las acusaciones de corrupción contra Derwick y que las autoridades venezolanas abrieron investigaciones.
Aunque el contrato de Petrozamora estipula que solo puede vender petróleo a PDVSA, según el memorándum suizo, PDVSA le otorgó a la empresa el privilegio de poder negociar crudo con clientes externos.
“Gazprombank tiene una ventaja aún mayor al trabajar con Derwick porque, a diferencia de otras compañías que contratan con PDVSA, Derwick vende directamente su petróleo en el mercado y paga sus accionistas en tiempos muy razonables”, escribió De Beaumont.
En abril de 2015, la Asamblea Nacional le otorgó cuatro nuevos campos petroleros a Petrozamora, a pesar de que el gobierno ya había comenzado a investigar los proyectos de Derwick.
Sin embargo, en 2017 el fiscal Tarek William Saab ordenó una investigación en las operaciones de Petrozamora, tras quejas de los socios rusos de Gazprombank LAV.
La Fiscalía detuvo a nueve personas por cobrar comisiones ilegales y por operaciones de sabotaje, que habrían provocado la pérdida entre 2015 y 2017 de 15 millones de barriles. Y en diciembre de 2017, tres meses después de la ola de arrestos, Rafael Ramírez renunció a su cargo como embajador en la ONU a petición de Nicolás Maduro, el actual presidente de Venezuela.
En marzo pasado, la agencia Reuters informó que Gazprombank vendió su participación en Petrozamora tras la imposición de sanciones estadounidenses contra PDVSA. Tras años de tratos privilegiados hoy no es claro cuál es el estatus de la empresa.
Tampoco se sabe cuál es el paradero actual de Trebbau. Por su parte, Convit fue inculpado en julio de 2018 en Estados Unidos por lavado de dinero y por ser parte de una red que habría sustraído 1.200 millones de dólares de PDVSA. El grupo habría tratado de invertir parte de esos fondos en lujosos apartamentos en Florida y en esquemas de inversiones falsas. No fue posible localizar a ninguno de los hombres para que dieran su versión sobre las acusaciones contra Derwick.
Por otra parte, los abogados de Betancourt negaron en una entrevista con El Confidencial de España que Derwick estuviera asociada con Gazprombank. Añadieron que su cliente nunca ha sido acusado o condenado por un crimen y que todas las plantas de energía de Derwick “se entregaron en los tiempos negociados y justificados, todo dentro de los plazos permitidos contractualmente”.
“Todas las plantas se entregan operativas y a al 100 % de satisfacción del cliente. La empresa no está a cargo de la operación/mantenimiento de ellas”, declararon.
En Venezuela, la corrupción en el sector energético y petrolero no sólo tiene consecuencias teóricas.
A pesar de sus vastas reservas de petróleo y de que el gobierno invirtió 37.700 millones de dólares entre 2000 y 2014 para mejorar su infraestructura energética, los apagones son un problema crónico. A tal punto que hay un grupo de ciudadanos que fundó el Comité de los Afectados por los Apagones para hacerle seguimiento al problema. Solamente en enero de 2019 registraron 1.025 cortes de electricidad en todo el país.
Pero la ola más reciente de apagones ha sido la peor hasta ahora. El 7 de marzo, el país entero se quedó sin luz y se paralizó por completo después de que un incendio se declarara en las líneas de alta tensión que conectan con la represa de Guri, donde más de dos tercios de la electricidad nacional se genera. Durante días, sólo una fracción de los venezolanos lograba conectarse a Internet, la mayoría de vuelos que entraban o salían del país sufrieron retrasos y muchos se tuvieron que cancelar. Por casi una semana el metro de Caracas paró sus operaciones y el gobierno no tuvo otro remedio que decretar cuatro días no laborables.
En los hospitales, que ya enfrentan una grave escasez de medicamentos y equipos, por lo menos 24 personas murieron a causa del apagón según la organización no gubernamental Médicos por la Salud.
Sin electricidad, el agua no era bombeada a sectores enteros de Caracas. A cientos de ciudadanos desesperados no les quedó otra opción que recoger líquido en desagües o en el contaminado río Guaire, donde desembocan las alcantarillas de la ciudad.
En un país donde las temperaturas alcanzan con frecuencia los 30 grados, los venezolanos se rotaban consejos para conservar los alimentos en sal y limón, para aprender a transformar la leche agria en yogur o para aislar las neveras con mantas.
El caraqueño Raimundo Rincón contó que invertía gran parte de su día luchando por cuidar a su madre, una sobreviviente de cáncer con una colostomía y a su hermana, que tiene diabetes y necesita mantener su insulina refrigerada en todo momento. “No teníamos agua hasta hoy. Sólo pudimos recoger un poco para mi madre, para [ayudarla] a limpiar su bolsa y lavarse mínimamente”, dijo.
Mercedes de Freitas, la directora de Transparencia Venezuela, le dijo a OCCRP que “aunque en noviembre de 2018 publicamos un informe sobre el sector energético, en el que quedaba claro que todo el sistema eléctrico iba a colapsar… nada nos preparó realmente a pasar 80 horas sin luz”.
Cómo Chávez antes que él, Nicolás Maduro atribuyó el mega apagón a acciones de sabotaje estadounidense.
Pero Winston Cabas, presidente de la Asociación de Ingenieros Eléctricos de Venezuela, dice que hay razones más triviales que explican la difícil situación: una falta de mantenimiento y una infraestructura deficiente.
En una rueda de prensa en marzo pasado, Cabas también dijo que las plantas termoeléctricas que en teoría tenían que apoyar la represa de Guri no estaban funcionado. Se refería, entre otras, a varias de las plantas construidas por Derwick.
