Una investigación de los fiscales —incluyendo el testimonio de un exministro que está en el foco de varios escándalos de corrupción— apunta a que el préstamo del BCIE habría sido una pieza clave en la trama de sobornos de la constructora brasileña.
El caso de corrupción de Odebrecht ha ocupado titulares durante años en Guatemala, donde la constructora brasileña, salpicada por el escándalo, se vio obligada a devolver más de 17 millones de dólares al gobierno tras admitir que había sobornado a funcionarios para hacerse con un lucrativo contrato de ampliación una importante autopista.
Pero otro actor relevante en el caso ha logrado escapar en gran medida al escrutinio público: el principal financiador de la autopista, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El banco otorgó este préstamo clave a Odebrecht, que permitió que el proyecto avanzara, y acordó en 2011 prestar casi 120 millones de dólares para financiar el tramo más largo de la Carretera Centroamericana 2, que uniría El Salvador con México.
En el proceso, pasó por alto sus propias normas de contratación pública para incorporar una cláusula en su acuerdo de préstamo en la que se disponía que Odebrecht debía recibir el contrato para la obra vial, sin pasar por el proceso regular de licitación. Luego, Odebrecht pagó millones en sobornos con parte del dinero desembolsado por el BCIE, según una investigación de una comisión anticorrupción respaldada por la ONU.
“Muchos de los fondos desviados o sometidos a corrupción de los préstamos otorgados [por el BCIE] se mantienen en la impunidad por la política de secretismo y opacidad que aplica el banco de cara a los grupos sociales e instituciones de justicia que buscan conocer el destino final de los fondos otorgados”, señaló Manfredo Marroquín, presidente del capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, Acción Ciudadana.
El ministro guatemalteco acusado de recibir personalmente la mayor parte del soborno, Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, se entregó en 2020 tras cuatro años prófugo. Luego rindió una declaración explosiva a los fiscales en la que también acusó a un funcionario del BCIE de conspirar con Odebrecht para asegurarse de que el contrato de la obra resultara favorable para la empresa.
Aunque el testimonio de Sinibaldi fue objeto de varios reportajes, sus comentarios sobre el BCIE no fueron tan difundidos.
Pero el OCCRP y su aliado en Guatemala, No Ficción, pueden reportar que Sinibaldi declaró haber trabajado con el jefe de operaciones de Odebrecht para presionar al BCIE, y haber viajado con él a Honduras para reunirse con altos funcionarios del banco.
El exministro declaró que el BCIE fue “fundamental” en el esquema de sobornos, y acusó a Odebrecht de pagar a un alto funcionario del banco 500.000 dólares “por sus servicios” para que se aprobaran los pasos finales del préstamo. Los reporteros no pudieron encontrar pruebas documentales de que se hubiera ofrecido o pagado tal soborno.
Juan Francisco Sandoval, exdirector de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, señaló a los periodistas que su oficina había comenzado a investigar las denuncias de sobornos en el BCIE después de que Sinibaldi rindiera testimonio. Pero la investigación se suspendió cuando Sandoval fue despedido en 2021 y se vio obligado a exiliarse en medio de una arremetida contra los funcionarios anticorrupción.
La FECI no respondió a las preguntas sobre el estatus de la investigación.
Desde el mes de octubre, miles de guatemaltecos han salido a las calles para protestar contra la injerencia de la Fiscalía General en el orden democrático y para exigir la renuncia del Fiscal General.
Aunque el activista anticorrupción Bernardo Arévalo ganó las elecciones presidenciales con una aplastante victoria el pasado agosto, los fiscales abrieron una investigación contra su partido, que fue suspendido por un tribunal electoral, medidas que se han visto como un intento de impedir que asuma el cargo en 2024.
La crisis política es el colofón de años de esfuerzos por socavar el sistema de justicia de Guatemala tras una serie de éxitos en la lucha contra la impunidad de la corrupción y el genocidio en las altas esferas del poder del país.
Decenas de fiscales y jueces se han visto obligados a huir del país debido a órdenes de captura espurias o amenazas en su contra, entre ellos los que investigaron el caso Odebrecht, que fiscales guatemaltecos e investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) iniciaron a finales de 2016 tras recibir información de sus homólogos brasileños.
La CICIG había sido creada por las Naciones Unidas casi una década antes a instancias del gobierno guatemalteco para que le brindara apoyo en la lucha contra los grupos ilegales y las estructuras clandestinas de “seguridad” que seguían activas tras los Acuerdos de Paz de 1996.
Aunque en un principio los investigadores avanzaron en la presentación de cargos contra los implicados en la trama de sobornos de Odebrecht, este progreso se vio estancado cuando el entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales, disolvió de forma abrupta la CICIG en 2019 mientras le investigaba a él y a su familia por corrupción y financiamiento ilícito de campaña.
Desde entonces, Fiscalía Contra la Impunidad (FECI) ha estado a la cabeza de la investigación del caso Odebrecht. Pero la FECI también se ha visto socavada por los repetidos intentos de obstaculizar la lucha del país contra la corrupción.
“A mi modo de ver, todo lo que está pasando es en realidad una venganza”, señaló a OCCRP la exfiscal de la FECI Siomara Sosa, quien lideró el caso Odebrecht desde el inicio. “Con esos encarcelamientos empezaron a analizar la situación para ver cómo tomar el control de esos casos”.
Sosa ahora tiene estatus de refugiada en México, y enfrenta tres juicios penales en Guatemala por su labor, entre ellos por abuso de poder en el caso Odebrecht.
La Fiscalía no respondió cuando se le solicitó un comentario sobre el caso.
Sinibaldi fue incluido en la lista negra de Estados Unidos por “corrupción significativa” mientras se encontraba prófugo, y en la actualidad está a la espera de juicio en Guatemala en relación con este y otros presuntos esquemas de corrupción. Desde entonces, ha afirmado que nunca declaró ante los fiscales, y señaló a la OCCRP que su testimonio había sido falsificado con el fin de generar un conflicto entre él y “importantes actores políticos, funcionarios públicos y congresistas de Guatemala.”
Sin embargo, la actual directiva de la FECI confirmó a la prensa que, a pesar de los alegatos de Sinibaldi, él sí dio el testimonio al que tuvo acceso No Ficción. Tres fuentes cercanas al caso Odebrecht también confirmaron que el exministro rindió el testimonio.
Las acusaciones contra Odebrecht en Guatemala forman parte de uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de América Latina. Tras construir algunos de los mayores proyectos de infraestructuras de la región, desde líneas de metro en ciudades capitales hasta estadios de la Copa del Mundo, Odebrecht se convirtió en el foco de la investigación de corrupción de la Operación Autolavado de Brasil, y el departamento especializado en sobornos dentro de la empresa fue el emblema de sus desmanes.
En 2016, Estados Unidos anunció que la empresa pagaría 2.600 millones de dólares en multas por elaborar tramas de soborno para hacerse con contratos gubernamentales en una docena de países. Todos, desde presidentes hasta abogados, han recibido penas de cárcel por conspirar con Odebrecht, mientras que el presidente ejecutivo de la empresa fue condenado a 19 años por soborno, blanqueo de capitales y delincuencia organizada.
El BCIE no respondió cuando se le solicitó un comentario al respecto.
En agosto de 2011, el BCIE acordó otorgar un préstamo de 119,4 millones de dólares para cofinanciar el tramo más largo de la autopista —la CA-2 Occidente.
Sin embargo, la resolución sobre el financiamiento contenía una cláusula inusual: una excepción a las propias políticas de contratación del banco que le permitía nombrar de inmediato a Odebrecht como contratista para las obras de la autopista, en lugar de someter el proyecto a licitación pública.
En otras palabras, el BCIE sólo financiaría el proyecto si el contrato se adjudicaba a Odebrecht, a pesar de que ello iba en contra de las políticas regulares del banco y de la legislación guatemalteca. En la resolución, se argumenta la excepción como necesaria para que el proyecto pueda ser cofinanciado por el banco de desarrollo brasileño BNDES. Ni el BCIE ni el BNDES respondieron a preguntas sobre la cláusula.
Marroquín, de Acción Ciudadana, señaló que la cláusula era una irregularidad importante para un banco de desarrollo de tal magnitud.
La adjudicación previa del contrato a una empresa es “obviamente una práctica alejada de cualquier principio de integridad y competencia”, afirmó.
Después de que el BCIE aprobara el préstamo, el contrato aún debía recibir la ratificación del Congreso de Guatemala. En su testimonio, Sinibaldi describió esa tarea como “titánica”, ya que era ilegal en Guatemala entregar una obra pública de tal envergadura a una empresa sin licitación.
Describió además el trabajo que se hizo tras bastidores junto con otros funcionarios del gobierno para impulsar decretos y memorandos que pudieran evadir la necesidad de un proceso de licitación. El 11 de octubre de 2012, el Congreso de Guatemala aprobó un decreto gubernamental donde se designó la autopista como asunto de urgencia nacional, lo que significaba que los préstamos se firmarían en una sola votación el mismo día.
Con el decreto se eludía el proceso de licitación pública y se reducía al mínimo la supervisión del proyecto. En su testimonio, Sinibaldi calificó la aprobación del Congreso de “histórica”.
En paralelo a la aprobación en Guatemala, el contrato del préstamo del BCIE pasó por varias etapas de negociación, y fue modificado antes y después de su firma en noviembre de 2012.
Sinibaldi declaró a los fiscales que él y Marcos Machado, jefe de operaciones de Odebrecht en ese momento, ya se habían reunido sobre el proyecto vial ese año. Cuando Oscar Pineda Robles fue designado nuevo jefe país del BCIE en septiembre de 2012, lo identificaron como una persona que podría ayudar mientras intentaban garantizar que el contrato se elaborara de acuerdo con el plan. Pineda, abogado de profesión, tenía buenos contactos, ya que se había desempeñado como ministro de Economía, viceministro de Finanzas y presidente del Banco Central de Guatemala.
En el testimonio que Sinibaldi alegó que era falso —pero que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala confirmó— señaló que visitó a Pineda en su casa en 2012 para hablar de la autopista.
“Le expliqué a Oscar [Pineda] la importancia de contar con su apoyo y, llegado el momento, [que él] presionara al directorio del BCIE sobre los pasos finales”, señaló Sinibaldi a los fiscales. “Oscar mencionó que ya se había reunido con Marco Machado”.
Sinibaldi declaró que Pineda le comentó luego que Machado le había ofrecido una gran suma de dinero en efectivo a cambio de su ayuda; según Sinibaldi:
Testificó que Machado también le comentó que Odebrecht le había pagado 500,000 dólares a Pineda “por sus servicios”.
Los reporteros no pudieron verificar de manera independiente si Pineda recibió pagos de Odebrecht. Machado y Odebrecht declararon a OCCRP que no tenían conocimiento de sobornos o tratos ilícitos con empleados del BCIE. Pineda negó haber participado en las negociaciones sobre el préstamo y aseguró a OCCRP no haberse reunido nunca con Sinibaldi ni con nadie de Odebrecht.
“Niego categóricamente haber recibido dádiva, remuneración, compensación, pagos, regalos, transferencias bancarias o sumas de dinero de la Constructora Norberto Odebrecht… por ningún concepto”, indicó a OCCRP en un correo electrónico.
“Jamás he tenido vínculo o relación alguna con la mencionada empresa brasileña”, señaló en un siguiente correo. “TODO LO QUE ATRIBUYE MALICIOSAMENTE A MI PERSONA ESE REPROBABLE Y PERVERSO PERSONAJE [SINIBALDI] ES, SIN EXCEPCIÓN, UNA ABSURDA MENTIRA.”
Añadió que en su calidad de director del BCIE tenía un poder de decisión limitado —aparte de un solo voto para aprobar un determinado proyecto— y no revisaba ni las condiciones ni las modificaciones hechas a los préstamos. Señaló que la aprobación final de esos aspectos corresponde a los gobernadores, el gerente nacional y el presidente del banco.
Sin embargo, el expresidente del BCIE, Dante Mossi, señaló que los directores tienen un importante poder de decisión dentro del banco.
“Las modificaciones de los contratos requieren un cambio del plan de adquisiciones; esos cambios son aprobados por la Junta”, explicó.
Un empresario implicado en uno de los presuntos esquemas de corrupción de Sinibaldi —que declaró bajo condición de anonimato debido a las causas judiciales en curso— señaló que ejecutivos de Odebrecht hablaron de tener “asegurado” al BCIE.
Sinibaldi negó , pero señaló a los periodistas que no podía comentar los detalles de las acusaciones porque el caso está abierto. También negó haberse reunido nunca con Pineda o haber hablado de pagos de sobornos con Pineda o Machado.
Poco más de dos semanas después de que el BCIE firmara el contrato para financiar la CA-2 Occidente a finales de 2012, el banco de desarrollo aprobó otros 280 millones de dólares para mejorar y ampliar un tramo de 100 km de la autopista que llega hasta la frontera con El Salvador en el oriente, conocido como la CA-2 Oriente.
Se trataba de un proyecto que, según el BCIE, aliviaría la pobreza a lo largo de su recorrido, crearía puestos de trabajo y generaría millones de dólares en impuestos. En lugar de ello, también acabó en escándalo.
En su testimonio, Sinibaldi afirmó que el entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, se había asegurado de que el contrato se le asignara a la empresa guatemalteca Sigma Constructores S.A., como parte de un “compromiso de campaña” y por su amistad con su cofundador, José Maynor Palacios Guerra.
Al igual que en el caso de Odebrecht, el BCIE hizo una excepción en su normativa para garantizar la contratación de Sigma, sin convocar una licitación pública. Sigma no respondió cuando se le solicitó comentarios al respecto.
El director del BCIE en Guatemala, Oscar Pineda Robles, también “se convirtió en facilitador de todo el financiamiento del proyecto de Sigma Constructores”, señaló Sinibaldi en el testimonio que, según dijo a los periodistas, fue falsificado.
El trabajo de Sigma en la CA-2 Oriente se vino abajo en 2016, durante un caso de financiación ilícita de campaña que implicó tanto a Pérez como a su vicepresidenta. Fiscales e investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, descubrieron que Sigma había pagado a Sinibaldi al menos 1,15 millones de dólares para la campaña de 2011 del Partido Patriota, encubiertos mediante contratos fraudulentos de servicios.
Después de una audiencia judicial en 2020, Sinibaldi declaró a la prensa local que el esquema de sobornos en torno a contratos de obras viales era muy similar al usado en la CA-2 Occidente, y describió a Sigma como el “Odebrecht de Guatemala.” La fiscal general de la CICIG, Thelma Aduana, llegó a una conclusión similar. Sinibaldi ha sido acusado de asociación ilícita, solicitud de sobornos, blanqueo de capitales y financiamiento electoral ilícito en relación con este tramo de la carretera. Aún no ha sido llevado a juicio y le ha asegurado a OCCRP que es inocente de cualquier delito.
Pineda no respondió a preguntas concretas sobre el tramo a cargo de Sigma en la autopista, pero reiteró que su cargo no le confería ningún poder sobre los demás en el banco ni sobre su toma de decisiones.
Por lo que han podido corroborar los reporteros, no se ha investigado a nadie del BCIE en relación con este tramo de la autopista.
En el testimonio que el propio Machado prestó ante los fiscales del caso, describió una larga serie de negociaciones con diversos funcionarios sobre las cláusulas que se incorporarían al contrato. Enumeró media docena de cambios al borrador que habían sido solicitados por el ministerio de Sinibaldi, incluyendo puentes adicionales, carriles y cálculos de asfalto, lo que infló el coste en más de 14 millones de dólares.
Cada uno de los cambios tuvo que ser aprobado por los dos bancos de desarrollo que financiaban el proyecto, según el testimonio de Machado y los documentos revisados por los periodistas.
Incluso después de que el Gobierno de Guatemala aprobara el préstamo, se siguió ejerciendo presión para aplicar cambios en el costo del proyecto. En su testimonio, que hasta ahora niega haber dado, Sinibaldi relató una cena en Miami en octubre de 2013 con Machado y otros empresarios de la industria de la construcción de Guatemala, durante la cual, después de varios tragos, le ofrecieron un importante soborno si aprobaba aumentar el costo del proyecto en otros 250.000 dólares.
“¿Quién financiaría la obra?”, recuerda haber preguntado. “Machado respondió que ya tenían alineado al BCIE, que no se opondrían y darían el financiamiento”.
Aunque Sinibaldi declaró a los fiscales en su testimonio que rechazó su propuesta, el gobierno aprobó seis modificaciones al contrato y las impulsó un mes después, según documentos obtenidos por No Ficción a través de solicitudes de libertad de información.
Entre ellas había partidas presupuestarias adicionales, cambios en los precios de las obras previstas y una modificación del anticipo a Odebrecht —que pasó a ser el 20% del total del proyecto, por un total de 73,6 millones de dólares— que se pagaría con cargo a los préstamos del BCIE y el BNDES. El BCIE emitió una carta de “no objeción” a todas estas modificaciones en noviembre de 2013.
Ni Machado ni el BCIE respondieron a las solicitudes de comentarios sobre este incidente.
El BCIE realizó su primer desembolso de 38 millones de dólares a Odebrecht en abril de 2013. En su testimonio ante los fiscales, al que tuvieron acceso los periodistas, Machado señaló que los primeros siete pagos que Odebrecht realizó a Sinibaldi y a otros dos altos funcionarios públicos se pagaron con este tramo inicial de efectivo proveniente del banco de desarrollo.
En la conclusión de una investigación sobre los sobornos de Odebrecht, los fiscales guatemaltecos y los investigadores de la CICIG, respaldada por la ONU, indicaron que esta “sincronización” de los desembolsos y pagos de préstamos se repitió con cada tramo de financiamiento que Odebrecht recibió del BCIE y del banco de desarrollo brasileño.
El gran número de escándalos relacionados con los proyectos viales financiados por el BCIE guardan un parecido asombroso con una subtrama de un libro titulado “La Organización para la Lucha contra la Pobreza”. Se trata de una novela autopublicada en junio de 2021 por el autor Diego Fiorito, quien fue Gerente de Riesgos del BCIE en la época de las supuestas tramas de corrupción de Odebrecht.
La historia describe el colapso de la autopista ficticia AS-7 Norte, cuatro años después de su construcción, debido a irregularidades en la construcción. Tal y como ocurrió en Guatemala, el gobierno ficticio elige al contratista por adjudicación directa, sin licitación pública ni transparencia, debido a que designó la autopista como “situación especial y urgente.”
Las obras fueron financiadas por la Organización para la Lucha contra la Pobreza (OLP), una organización de desarrollo ficticia plagada de una corrupción sistémica que presenta muchas similitudes con el BCIE. El préstamo de la OLP para la autopista AS-7 Norte incluía una cláusula que establecía que el contratista debía ser seleccionado directamente, así como el BCIE había hecho con Odebrecht.
La novela de Fiorito también cuenta sobre una red de corrupción similar a la que Sinibaldi describió en su testimonio oficial. En el relato, las empresas privadas sobornan a funcionarios públicos para que voten a favor de contratos directos de dudosa legitimidad, al tiempo que pagan cuantiosas “comisiones” al personal de las organizaciones de desarrollo, que ayudan a que fluya la trama.
Al igual que Odebrecht, el contratista de la historia se ve finalmente envuelto en un escándalo a escala continental tras descubrirse que había sobornado de forma sistemática a funcionarios gubernamentales y presidentes a cambio de contratos con el Estado.
Las autopistas, relata Fiorito, “quedaron sin completar... convirtiéndose en un vivo reflejo de la corrupción.”
Fiorito se negó a hacer comentarios. El BCIE no respondió al solicitarle una réplica.
“Los bancos BCIE y BNDES realizaron los desembolsos a Odebrecht, que a su vez transfirió los sobornos acordados”, escribieron en el informe. También constataron que Odebrecht envió 17,9 millones de dólares a empresas offshore propiedad de Sinibaldi y a otras dos figuras políticas entre 2013 y 2015. Estas conclusiones fueron remitidas a un juez y constituyeron la base de la causa pendiente contra Sinibaldi.
Las obras de la carretera CA-2 Occidente se paralizaron después de que Estados Unidos avanzara en su investigación sobre la amplia red de corrupción de Odebrecht y anunciara que había llegado hasta Guatemala. El BCIE dejó de financiar el proyecto a principios de 2017, tras entregar un total de 85,5 millones de dólares a Odebrecht, según declaró el ministro de finanzas a los medios locales.
Como parte de un acuerdo judicial en Brasil en 2018, Odebrecht aceptó devolver al Estado guatemalteco la cantidad exacta que la CICIG y los fiscales públicos constataron que había pagado en sobornos: 17,9 millones de dólares. Cuatro personas ya están en prisión por su participación en el blanqueo de dinero producto de la trama. Pero los casos relacionados con Odebrecht se han visto obstaculizados por reiterados ataques contra la independencia del sistema judicial guatemalteco.
Odebrecht —ahora rebautizada Novonor— informó a OCCRP que ha interpuesto una apelación por más de 45 millones de dólares que la empresa sostiene que le debe el gobierno guatemalteco por el trabajo realizado antes de que se rescindiera el contrato.
Entretanto, tras años de trabajo y cientos de millones de dólares gastados, la rehabilitación de la Carretera Centroamericana 2 sigue inconclusa. Los habitantes de las zonas aledañas se han quejado del estado de la carretera, que, según dicen, está en pésimas condiciones y provoca accidentes.
En los reportajes de los medios locales se describen varios accidentes causados por enormes baches en la vía. Un chofer de autobús declaró a la revista Con Criterio en 2018 que algunos de los agujeros pueden tener hasta 60 centímetros de profundidad, y pueden dañar el embrague de un vehículo.
“Ha muerto tanta gente en accidentes que la autopista se ha convertido en un cementerio”, comenta Marroquín. “No es sólo que se hayan robado el dinero, es que han dejado una trampa mortal”.
Eduardo Goulart de Andrade (OCCRP), Andrew Little y Mariana Castro (ambos de Columbia Journalism Investigations) aportaron con sus reportajes.
