En 2021, las autoridades colombianas decomisaron un importante cargamento ilegal de aletas de tiburón que iban con destino a Hong Kong. Una empresa propiedad del hijo del antiguo jefe del Cartel de Cali envió el cargamento a Bogotá.
En septiembre de 2021, las autoridades colombianas interceptaron un cargamento inusual en el aeropuerto El Dorado de Bogotá: unas 3.500 aletas de tiburón que tenían como destino Hong Kong.
Las aletas, que son un manjar costoso en Asia, estaban empacadas en cajas de cartón y escondidas entre más de 100 kilos de vejigas de pescado, según informó entonces la Secretaría de Ambiente de Bogotá. Las autoridades calcularon que entre 900 y 1.000 tiburones habían sido sacrificados para completar el cargamento, el cual fue incautado sólo seis meses después de que Colombia prohibiera la pesca y el comercio de tiburones y sus partes.
Públicamente, las autoridades no mencionaron a ninguna de las personas o empresas implicadas en el envío. Pero la filtración de correos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia muestra que detrás de la compañía que envió el cargamento a Bogotá estaba Fernando Rodríguez Mondragón, hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, difunto jefe del cartel colombiano de Cali.
Basándose en documentos de la Fiscalía, corroborados con entrevistas, registros de empresas y de propiedad, OCCRP y sus socios Mongabay Latam y Armando.info, rastrearon el cargamento desde sus orígenes en la ciudad costera de Maicao, en el norte de Colombia, y descubrieron nuevos detalles sobre su destino final en Hong Kong.
Una hoja de cálculo, que es parte de la filtración, muestra que el envío desencadenó una investigación sobre lavado de dinero, la cual se encuentra en curso, aunque el archivo no identificó a los sospechosos. En septiembre, la Fiscalía indicó que el caso aún estaba en etapa de indagación y se negó a compartir más detalles.
Los periodistas también encontraron que las aletas de tiburón se secaron y pelaron con técnicas poco comunes fuera de Asia, lo que, según los expertos, podría indicar que se están exportando técnicas de procesamiento a Latinoamérica.
“Es la primera vez que tenemos conocimiento de un caso legal en el que el procesamiento de las aletas tuvo lugar en el país donde se capturaron los tiburones, antes de ser exportadas”, indicó un análisis de muestras del cargamento incautado realizado por el biólogo Diego Cardeñosa.
En su camino desde Maicao, que está cerca a la frontera con Venezuela, el envío se detuvo en el municipio de Roldanillo, al occidente de Colombia, donde estaba registrada la empresa de Rodríguez Mondragón, a tres horas de carretera del océano Pacífico.
Fernando Jiménez, director especializado para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente de la Fiscalía, dijo que le habían dictado a Rodríguez Mondragón medida de aseguramiento privativa de libertad en su domicilio por un año mientras continuaba la investigación sobre el cargamento. Añadió que Rodríguez Mondragón se enfrentaba a cargos que incluyen el tráfico de fauna. No está claro cuándo comenzó el arresto domiciliario.
Contactado por los periodistas, Rodríguez Mondragón afirmó que demostraría su inocencia. “Estoy reuniendo pruebas contundentes que demostrarán que no tuve nada que ver con lo que respecta al envío de esta carga hacia Hong Kong”, declaró.
Rodríguez Mondragón culpó del envío de aletas de tiburón ilegales a un empleado chino de su compañía, quien, según él, “abusó de la confianza” y envió el cargamento sin su consentimiento mientras él se cuidaba del Covid-19.
Rodríguez Mondragón también compartió dos vídeos que, según afirmó, fueron grabados por las cámaras de seguridad de su empresa. Ahí se ven a dos hombres limpiando aletas de tiburón y moviéndolas entre cajas. Dijo que la Fiscalía tenía los vídeos en su poder, pero no dio más explicaciones ni contexto.
Los periodistas intentaron ponerse en contacto con el empleado chino en la dirección de correo electrónico que figuraba en su solicitud de visado, pero no obtuvieron respuesta.
Las aletas de tiburón no eran el único problema del cargamento incautado en el aeropuerto de Bogotá. Las vejigas de pescado en las que iban escondidas también carecían de la documentación adecuada.
El comercio de vejigas de pescado no es ilegal en general, pero está regulado. Los periodistas descubrieron que el permiso presentado para el envío había caducado y que sólo autorizaba el comercio de productos pesqueros dentro de Colombia. La Agencia Nacional de Pesca de Colombia (AUNAP) decidió confiscar las vejigas de pescado tras una investigación.
En su respuesta a los periodistas, Rodríguez Mondragón insistió que el comercio de vejigas de pescado no requería permiso de la AUNAP porque se consideraban un desecho del pescado. Sin embargo, Henry Gómez, abogado de la AUNAP, indicó que, de hecho, un permiso era necesario porque el comercio de vejigas de pescado representa un “lucro económico”.
Los periodistas rastrearon el origen de las vejigas de pescado hasta Maicao, una ciudad al norte de Colombia cercana a la frontera con Venezuela y al mar Caribe. Información proporcionada por la AUNAP muestra que en el departamento de La Guajira, donde se ubica Maicao, no se ha expedido ningún permiso para procesar vejigas de pescado. Y en un comunicado enviado a los periodistas, la AUNAP dijo que “no tenemos registro de comerciantes que cuenten con los permisos para la comercialización de dicho producto ” en Maicao.
El cargamento decomisado salió de Maicao con destino a Roldanillo el 23 de agosto de 2021, según consta en los documentos de la Fiscalía. Su destinatario era una empresa local, Comercializadora Fernapez S.A.S., fundada en 2017 y dedicada al “comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos.”
Los registros de la empresa muestran que Rodríguez Mondragón es dueño de la compañía.
Rodríguez Mondragón también es conocido como “el hijo del ajedrecista”, por el título de un libro que publicó en 2007 en el que contaba la historia del Cartel de Cali desde sus entrañas. Gilberto Rodríguez Orejuela, el padre de Rodríguez Mondragón y Miguel Rodríguez Orejuela, el tío, dirigían el grupo criminal. En 2006, ambos se declararon culpables de conspiración para lavar dinero del narcotráfico en Estados Unidos.
En 2002, medios de comunicación colombianos informaron que la policía detuvo a Rodríguez Mondragón después de que la policía encontrara heroína en su apartamento de Bogotá. La Fiscalía declinó compartir una copia de los expedientes, pero registros oficiales en línea muestran que Rodríguez Mondragón fue condenado y cumplió algo más de dos años de condena por un delito relacionado con drogas, antes de ser liberado en junio de 2005 bajo la figura de “suspensión condicional” de su pena.
Rodríguez Mondragón dijo a los periodistas que el episodio fue “un montaje” para poner a su familia “en la palestra pública.”
Tras cumplir su condena, Rodríguez Mondragón se instaló en Roldanillo, un municipio a 130 kilómetros de Cali, donde Fernapez se instaló en una casa en una zona tranquila que colinda con una montaña. Dos vecinos dijeron recordar un fuerte y constante olor a pescado que emanaba de la casa.
“Trabajaban a puerta cerrada”, dijo una mujer.
Los vecinos dijeron que también les llamó la atención el hecho de que no hubiera trabajadores colombianos en la empresa, sólo dos personas que identificaron como chinos.
Una hoja de cálculo de las incautaciones realizadas por la Secretaría de Ambiente de Bogotá, obtenida por los periodistas a través de solicitudes de información pública, mostraba que las aletas de tiburón incautadas en Bogotá procedían originalmente de Buenaventura, un puerto a más de tres horas por carretera de Roldanillo.
Datos oficiales muestran que Buenaventura es un centro neurálgico para el comercio ilegal de aletas de tiburón. En la mayoría de las 23 incautaciones de aletas y carne de tiburón realizadas entre la prohibición de marzo de 2021 y julio de 2023, las partes procedían de Buenaventura o de la cercana ciudad portuaria de Tumaco, según datos oficiales.
El permiso de Fernapez de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca de Colombia (AUNAP) indicaba que la empresa tenía una bodega de almacenamiento en Roldanillo y que estaba autorizada -antes de la prohibición- a comercializar diferentes especies de tiburones.
El cargamento permaneció en la empresa de Fernández Mondragón, Fernapez, en Roldanillo durante tres semanas antes de ser enviado a Bogotá.
La empresa encargada de recibir el cargamento en Hong Kong era Ho’S Import & Export Limited, la cual ha sido el principal comprador de las exportaciones de Fernapez, según datos de la aduana colombiana. Un miembro de la alianza periodística que visitó la dirección donde está registrada Ho’S Import & Export encontró una oficina cerrada con llave en un edificio de 15 pisos en una remota zona industrial. Los empleados de una oficina contigua dijeron que casi nunca estaba abierta.
Ho’S Import & Export no contestó a las preguntas enviadas por los periodistas.
Los datos de aduanas muestran que 36 de los 53 envíos de vejiga de pescado de Fernapez a Ho’S Import & Export de 2019 a 2021 estaban valorados en 30.000 dólares. Esto a pesar de que sus pesos variaban considerablemente y que sus códigos arancerlarios indicaban que se trataba del mismo producto.
Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, le dijo a los periodistas que “los números nunca son tan absolutos”.
Rodríguez Mondragón señaló que los valores eran los mismos a pesar de los diferentes pesos porque el valor de las vejigas variaba según la especie de pescado. Por ejemplo, “la corvina es más cara que la merluza y que la cachama”, escribió en un correo electrónico.
Rodríguez Mondragón parece haber cerrado su negocio en Roldanillo poco después de la incautación del cargamento de aletas de tiburón en Bogotá. En noviembre de 2021 -dos meses después del decomiso- vendió la propiedad donde operaba Fernapez por 68 millones de pesos colombianos (unos 15.500 dólares).
Rodríguez Mondragón dijo que la propiedad se vendió porque la empresa quebró “a raíz del problema”.
Más de la mitad de las aletas del cargamento incautado procedían de la especie de tiburón sedoso, clasificada como “vulnerable”, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Otras aletas procedían del tiburón martillo, clasificado en “peligro crítico”, y del tiburón zorro pelágico, el tiburón toro y el tiburón tigre, todos ellos clasificados como “amenazados”.
Todas estas especies están protegidas por un convenio internacional conocido como CITES, cuyo objetivo es impedir que el comercio de una especie amenace su supervivencia, el cual Colombia firmó en 1981. El país prohibió la pesca y el comercio de tiburones y sus partes en marzo de 2021.
Esas aletas de tiburón se utilizan en Hong Kong para preparar sopas que pueden costar hasta 200 dólares el plato. El resultado es una industria lucrativa: los ambientalistas calculan que en el mundo el comercio de aletas de tiburón puede reportar hasta 500 millones de dólares al año.
Pero antes hay que pelar las aletas, lo que supone un complejo procedimiento que implica el uso de productos químicos y conocimientos técnicos específicos que, según los expertos, se encuentran casi exclusivamente en China.
Como las aletas de tiburón procesadas pueden alcanzar un precio más alto, eso significa mayores beneficios para los traficantes si pueden procesarlas ellos mismos. Pero hacer un mal trabajo puede hacer que la aleta pierda su valor, por lo que no es habitual encontrar un cargamento de aletas procesadas en Latinoamérica.
Según los expertos, el hecho de que las aletas del cargamento incautado hubieran sido procesadas antes de su exportación demuestra que los traficantes de fauna silvestre estarían empezando a importar estos conocimientos de Asia.
El biólogo Diego Cardeñosa señaló que él y otros expertos creían que debía haber un esfuerzo “organizado” detrás de trabajadores chinos “que vienen a estos países a enseñarle a la gente cómo hacer ese procesamiento”, aunque todavía no había suficiente evidencia para asegurarlo.
Tras revisar las fotos de la incautación, Stanley Shea, director del programa marino de Bloom Association, una ONG con sede en Hong Kong dedicada a la conservación de los océanos, dijo que las aletas parecían estar “listas para el mercado”.
“No lo hicieron a la perfección, pero saben cómo hacerlo”, afirmó.
Una mayor distribución de las técnicas de procesamiento podría hacer más compleja la lucha contra el tráfico de especies silvestres, al dificultar la identificación de las especies de tiburones sin pruebas de ADN, explicó Alicia Kuroiwa, directora de hábitats y especies amenazadas de Oceana Perú.
“Si empezamos a tener aletas peladas estamos en un problema porque se complica la identificación”, dijo.
La verificación de datos fue llevada a cabo por el equipo de Fact-Checking del OCCRP.
