Al menos nueve activistas que protestaban contra las represas respaldadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) han sido asesinados, según casos judiciales, informes de los medios de comunicación y declaraciones de grupos de derechos humanos.
Carlos Roberto Flores estaba descansando en el patio de su casa con su familia, en el pequeño pueblo de La Venta, en Gualaco en el noreste de Honduras, cuando seis hombres irrumpieron y lo acribillaron a balazos.
Según relatos de los testigos, grupos de derechos humanos y un académico estadounidense que se encontraba de visita en el pueblo en ese momento, Flores fue asesinado por guardias de Energisa S.A. de C.V., una empresa hondureña que estaba construyendo una pequeña represa hidroeléctrica en la zona.
Los grupos de derechos humanos afirmaron que Flores, que tenía 28 años cuando fue asesinado en junio de 2001, se había convertido en blanco de ataques por liderar las protestas contra la represa. Un par de meses antes, una organización de derechos humanos había publicado en un periódico local una lista de personas que eran perseguidas por Energisa, y el nombre de Flores figuraba entre los primeros, según Daniel Graham, un académico que se encontraba realizando un estudio sobre la represa Babilonia.
“Carlos Flores se convirtió en blanco de asesinato por ser uno de los mayores detractores del proyecto de Energisa”, escribió Graham en una nota publicada por varios grupos de derechos humanos.
Ni Energisa ni la policía hondureña respondieron cuando se les solicitó un comentario.
Babilonia era una de varias pequeñas represas hidroeléctricas de capital privado que se construyeron en Honduras a principios de siglo XXI. En 1998, el gobierno aprobó una nueva ley para fomentar la inversión privada en proyectos hidroeléctricos, que se proclamaban como fuentes de energía ecológicas, prometiéndoles un “trato preferencial.”
El BCIE había apoyado la iniciativa, y se comprometió a financiar varios de los proyectos. Entre ellos figuraba Babilonia —una represa de unos cuatro megavatios que toma el nombre del río que interviene. Energisa prometió que suministraría electricidad a hogares de la zona y atraería a inversionistas.
Pero la población local denunció que la represa destruiría varias cataratas y ríos de la zona y dejaría sin trabajo a los caficultores. Muchos tenían miedo de que afectara también al Parque Nacional de la Sierra de Agalta, un refugio de fauna salvaje que forma parte de un importante corredor de tapires, pumas y jaguares, entre otros muchos animales.
Pero sus protestas fueron reprimidas con violencia e intimidación. Rafael Ulloa, entonces alcalde de Gualaco y líder de las protestas contra Babilonia, afirmó haber recibido amenazas de muerte anónimas y haber sido agredido físicamente en varias ocasiones. Uno de los líderes de la protesta, José Zúñiga, declaró a los funcionarios de derechos humanos que varios de sus animales habían sido masacrados a machetazos.
El hermano de José, Isidro Zúñiga, comentó que la gente tenía demasiado miedo a salir de sus casas de noche por temor a ser interceptados o arrestados por los guardias de seguridad de Energisa.
“La comunidad vivía en estado de pánico”, declaró a los periodistas.
Un mes después del asesinato de Flores, los manifestantes llevaron su lucha a la capital. Más de 300 personas se concentraron frente al Palacio Legislativo para protestar, antes de dirigirse al BCIE y a las embajadas de varios de sus Estados miembros. “Visitamos muchas embajadas de los países miembros del BCIE para que entendieran el tipo de proyecto que estaban financiando”, señaló Isidro Zúñiga.
La policía reprimió a los manifestantes con gases lacrimógenos, porras y balas de goma, dejando más de una docena de heridos. Grupos internacionales de derechos humanos condenaron los hechos violentos y la detención de 20 manifestantes.
A pesar de las protestas, el BCIE accedió a otorgar un préstamo a Energisa por 2,7 millones de dólares, un poco más de la mitad de los 5 millones necesarios para la construcción del proyecto Babilonia. El banco no respondió cuando se le solicitó algún comentario sobre su proceso de toma de decisiones.
Mark Bonta, geógrafo estadounidense que realizó una evaluación del impacto ambiental de Babilonia para los grupos de protesta, señaló que el BCIE y el gobierno no debieron apoyar la represa después de la muerte de Flores. Bonta ofreció “pruebas claras y documentadas con fotografías de que Energisa actuaba con impunidad”.
“Incluso después del asesinato de Flores apenas se inmutaron, y cuando la tormenta de la polémica y las protestas de calle dio lugar a investigaciones oficiales, reiteraron su apoyo”, escribió Bonta en un artículo académico sobre el caso.
El BCIE no respondió a las solicitudes de comentarios al respecto.
El BCIE financió el proyecto Babilonia no sólo después de la represión violenta contra los manifestantes, sino también a pesar los peligros medioambientales que advirtieron los activistas y de las denuncias de irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto.
Un mes después del asesinato de Flores, la Coordinadora Nacional Contra la Impunidad (CONACIM), que agrupa a organizaciones de derechos humanos hondureñas, elaboró un informe donde se detallaban las irregularidades cometidas durante el proceso de aprobación del proyecto Babilonia. Luego presentó una petición al BCIE para que el banco dejara de financiar la represa.
En la petición se afirmaba que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras había firmado contratos con Energisa antes de que el proyecto obtuviera la licencia ambiental, “en abierta contradicción y violación” de la ley. El acuerdo se aprobó mediante decreto presidencial en marzo de 2000, antes de que se realizara la evaluación de impacto ambiental exigida por la ley.
Incluso cuando se realizó la evaluación de impacto ambiental, el proyecto estaba repleto de problemas, según la CONACIM. Un punto importante es que no tenía en cuenta las leyes medioambientales y forestales, se decidió ignorar información clave sobre los propietarios de las tierras que se verían afectadas y no tomaba en consideración las preocupaciones de la población local.
La CONACIM también señaló que había lagunas en los análisis técnicos que sirvieron de base al estudio, y criticó a Energisa por suministrar “datos total o parcialmente falsos”.
“No nos oponemos a que el BCIE o cualquier otra entidad canalice fondos internacionales para proyectos nacionales que impliquen desarrollo económico y social”, escribió la Coordinadora.
“Por otro lado, nos oponemos a que el uso de fondos externos para proyectos de dudosa reputación se base ingenuamente en documentos procedentes de autoridades corruptas al más alto nivel”.
Los manifestantes solicitaron a Mark Bonta que revisara la evaluación de impacto ambiental de Energisa, quien coincidió en que había una “falta lamentable” de datos sobre el impacto de la represa en la geología y la fauna de la región. Los mapas anexados al informe también habían sido “manipulados en gran medida para que pareciera que la gente no iba a perder sus cafetales”, señaló el evaluador.
Los reportajes de la época indicaban que a raíz de las protestas, el jefe de la Comisión de Energía de Honduras anunció que el BCIE había congelado el financiamiento de 14 proyectos, por un total de unos 300 millones de dólares, pero no el de Babilonia.
El jefe de la comisión, Jack Arévalo, declaró a los medios locales que la represa contaba con los permisos adecuados y que cualquier paralización podría provocar que el Gobierno tuviera que pagar una indemnización a Energisa.
A pesar de la retahíla de problemas de la represa, Energisa terminó el proyecto Babilonia. Un mes después de que Ulloa terminara su mandato como alcalde de Gualaco, en enero de 2002, señaló que su sucesor le concedió a la empresa el permiso para operar.
“En dos horas, los dirigentes, junto con un alcalde, consiguieron deshacer todo por lo que habíamos luchado durante cuatro años”, afirmó Arévalo.
Los habitantes de la zona declararon a los reporteros que ya están observando el impacto ambiental de la represa. Ulloa señaló que el río donde se construyó ahora tiene la mitad de su caudal normal.
“El proyecto no es autosostenible, depende del caudal del río”, agregó Ulloa.
Una década después del escándalo con Babilonia, el BCIE accedió a otorgar un préstamo por 25 millones de dólares a otra polémica represa en Chiriquí, en el occidente de Panamá, conocida como Barro Blanco.
Las comunidades indígenas ngäbe-buglé de la zona venían protestando desde hace bastante tiempo contra la represa, alegando que no se les había consultado debidamente antes de que el gobierno aprobara el proyecto, que acabaría anegando casi 260 hectáreas de tierras, desplazando a familias e inundando antiguos emplazamientos de relevancia cultural.
En un principio, el Banco Europeo de Inversiones también había aceptado financiar el proyecto, para el que se requerían unos 80 millones de dólares. Pero después de que varios grupos indígenas presentaran una denuncia advirtiendo de los daños que causaría, el banco anunció una investigación formal sobre el proyecto.
Cuando la constructora de la represa, Generadora Del Istmo, S.A. (GENISA) se enteró de que se enviarían funcionarios a visitar el sitio de la obra, la empresa retiró su solicitud de financiamiento. En 2011 el BCIE intervino junto con dos bancos de desarrollo europeos.
Los grupos de derechos humanos denunciaron que la policía respondió a las protestas masivas con una violenta represión, que varios oficiales dispararon balas de goma a los manifestantes, fueron casa por casa para rociarlos con gas pimienta, e interpusieron demandas judiciales sin fundamentos contra los detractores del proyecto Barro Blanco.
A principios de 2012, dos manifestantes, Jerónimo Rodríguez Tugrí y Mauricio Méndez, fueron abatidos por la policía en una de las manifestaciones. Siete años después, en un informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Cultural Survival, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de los indígenas, señaló que aún nadie había recibido una condena por estas muertes.
GENISA no respondió cuando se le solicitó un comentario. Tampoco lo hizo la fiscalía de Panamá.
Poco más de un año después de estos asesinatos, en marzo de 2013, apareció en un arroyo el cadáver de otro manifestante, Onésimo Rodríguez. Según los reportajes de medios de comunicación y relatos de grupos de derechos humanos, fue asesinado por cuatro asaltantes enmascarados tras asistir a una concentración contra Barro Blanco.
En una auditoría interna del BCIE, que pudieron analizar los periodistas, se constató que el banco “subestimó los riesgos ambientales y sociales” del proyecto Barro Blanco cuando aceptó financiar la represa y empezó a desembolsar dinero antes de que se hubiera realizado ningún estudio de impacto ambiental y social.
El BCIE siguió financiando el proyecto Barro Blanco después de que se denunciara un gran número de problemas ecológicos, y presionó a las autoridades para que reanudaran la obra después de que el gobierno la paralizara debido a dichas objeciones.
En enero de 2015, la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá realizó una evaluación de Barro Blanco y sus conclusiones fueron contundentes. GENISA había incumplido 20 medidas establecidas en el plan de gestión del proyecto, entre ellas las relativas a contaminación del agua y del aire, al no eliminar adecuadamente los residuos peligrosos, y por no presentar un acuerdo con los pueblos indígenas locales.
Los auditores recomendaron suspender el proyecto, hasta que GENISA “presente pruebas del cumplimiento de todos los compromisos medioambientales”, según una copia del informe que el CJI encontró oculta entre los Pandora Papers, una enorme colección de documentos de 14 empresas de servicios offshore —incluido el bufete de abogados que representaba a GENISA— que se filtró al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y compartidos con medios de comunicación de todo el mundo.
La Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá paralizó la construcción al mes siguiente.
Pero las denuncias por temas medioambientales no amilanaron al BCIE ni a sus socios financieros: el Banco Holandés de Desarrollo Empresarial (FMO) y el Banco Alemán de Desarrollo KfW.
Según una carta publicada en internet por el observatorio de acción climática Carbon Market Watch, los bancos de desarrollo le escribieron al vicepresidente de Panamá en los meses siguientes donde defendían a GENISA y pedían que se reanudara el proyecto.
Escribieron con “preocupación y consternación”, alegando que el Ministerio de Ambiente no había dado a la empresa tiempo suficiente para corregir las infracciones. Emitieron además la nefasta advertencia de que “acciones como la emprendida contra GENISA podrían pesar en contra del país en futuras decisiones de inversión y perjudicar el flujo de inversiones a largo plazo”.
Isabel de Saint Malo de Alvarado, la ex vicepresidenta a la que iba dirigida la carta, señaló que su gobierno había intentado crear un diálogo integrador con la población local sobre el proyecto Barro Blanco, pero estaba sometida a presión por parte de GENISA y los bancos de desarrollo.
“Las organizaciones de financiamiento y GENISA, que conocían bien nuestros esfuerzos, que eran públicos, presionaron para que se hiciera todo por la vía rápida”, afirmó. “Personalmente creo que esa vía rápida se basaba en la idea de que se podría utilizar la fuerza como ya se había hecho muchas veces en Panamá, lo que provocó heridos e incluso muertos en enfrentamientos violentos con la policía”.
“Es necesario valorar y apoyar los esfuerzos de desarrollo inclusivo para que la región supere sus obstáculos, y las organizaciones de financiamiento del desarrollo deben estar del lado del apoyo a tales esfuerzos. No estoy segura de que en el caso de Barro Blanco haya sido así”.
En mayo de 2015, el mismo mes en que los bancos enviaron la misiva, un panel independiente de los bancos de desarrollo neerlandés y alemán emitió su propia auditoría del proyecto Barro Blanco, donde se concluyó que los prestamistas “no se habían tomado con la debida seriedad la resistencia de las comunidades afectadas”.
A pesar de los numerosos problemas con el proyecto Barro Blanco, en septiembre del mismo año el gobierno panameño autorizó que se reanudaran las obras de la represa.
GENISA recibió una multa de 775.000 dólares y se le ordenó “negociar con los afectados por el proyecto hidroeléctrico, reubicarlos e indemnizarlos”, así como abordar la violación de los derechos sociales y culturales del pueblo ngäbe afectado.
Barro Blanco empezó a operar en 2017. El BCIE siguió obteniendo beneficios por su préstamo a GENISA hasta 2021, cuando la empresa terminó de pagarlo con intereses.
Desde que se concluyeron las obras en Barro Blanco, las comunidades indígenas ngäbe-buglé han sufrido las consecuencias. Varias comunidades han sido desplazadas, sus tierras han quedado anegadas y se han perdido patrimonios culturales. Los estudios demuestran que la represa ha tenido un impacto devastador en el río Tabasará, acabando con la vida marina.
Manolo Miranda, líder del Movimiento 10 de Abril que protesta contra el proyecto, indicó que las enormes fluctuaciones del nivel del agua han hecho prácticamente imposible que la gente pueda desplazarse a lo largo del río.
“No hubo sanciones que observáramos… a pesar de que así lo exige la legislación panameña”, agregó. “Esto es un genocidio ambiental para las comunidades y pueblos que intentaron detener el proyecto”.
“En Panamá sólo se hace justicia contra la clase baja”, concluyó.
Jonny Wrate (OCCRP), Danielle Mackey, y Sol Lauría Paz (La Prensa Panamá) aportaron al reportaje.
Mariana Castro y Madeline Fixler son colaboradores de Columbia Journalism Investigations, una unidad de investigación periodística de la Escuela de Periodismo de Columbia.
