Una filtración de documentos ofrece una visión excepcional sobre un programa antinarcóticos poco conocido, en el que agencias de Estados Unidos y de otros países colaboran con sus homólogos colombianos para obtener y enviar grandes cantidades de cocaína a todo el mundo con el objetivo de infiltrar bandas de narcotraficantes.
Finales de octubre de 2019, Cartagena, Colombia. Un camión grande, cargado de costales de papas, ingresa a una bodega. Una vez adentro, dos hombres descargan la verdadera mercancía - 700 kilos de cocaína.
Entregan la droga a un socio de confianza que busca enviarla a España. Cumple con su promesa, pero lo hace en un vuelo comercial de Iberia, bajo la vigilancia de la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos.
Este tipo de operación se conoce como “entrega controlada” o ICD por sus siglas en inglés (international controlled delivery).
Se trata de una práctica sigilosa, que autoridades extranjeras como la DEA vienen empleando en colaboración con agencias colombianas. Buscan infiltrar grupos criminales para obtener inteligencia sobre sus movimientos y, en última instancia, poder arrestarlos. En este caso, la policía en España detuvo a tres personas que recogieron el cargamento de cocaína en un parqueadero en las afueras de Madrid.
Es raro que la DEA, en sus comunicados de prensa y otros informes públicos, detalle el uso que hace de las “entregas controladas”. Los reporteros no lograron encontrar registro alguno de estadísticas sobre esta práctica y la agencia no respondió a preguntas sobre esta estrategia.
El programa está sujeto a revisión judicial en Colombia y dos exagentes de la DEA le dijeron a OCCRP que la agencia aplica protocolos estrictos para realizar entregas. Varios de los casos de “entregas controladas” revisados por los reporteros se tradujeron en imputaciones, extradiciones y condenas, lo cual sugiere que la táctica puede ser eficaz. Pero activistas de la transparencia afirman que el secretismo del programa plantea preguntas sobre su supervisión.
Tom Devine, director jurídico del Government Accountability Project, un grupo de activistas con sede en Washington, indicó que la DEA debería poner en marcha un proceso de revisión externo sobre el uso de las “entregas controladas” para garantizar que están protegidas contra los abusos.
“No habrá rendición de cuentas a menos que se establezca una”, señaló Devine, cuyo grupo representa lanzadores de alerta, incluyendo agentes de la DEA que han sido castigados por denunciar casos de corrupción.
Entre 2017 y 2022, el sistema judicial colombiano -que debe autorizar partes de las operaciones- recibió por lo menos 92 solicitudes de “entregas controladas” de drogas, entre estas el caso de Cartagena. Gracias a la filtración de millones de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación colombiana, los reporteros pudieron tener una visión inédita del funcionamiento interno y el alcance del programa en el país.
La gran mayoría fueron solicitadas por agencias estadounidenses, principalmente la DEA, pero también hubo peticiones de autoridades de España, Francia, Países Bajos, Inglaterra y Australia.
En total, la justicia colombiana autorizó el uso de hasta 38,7 millones de dólares y 44 toneladas de cocaína para este tipo de operaciones en el periodo de cinco años. Los reporteros encontraron pruebas de que al menos dos tercios de las solicitudes fueron aprobadas y no descubrieron documentación de ningún rechazo. Los fiscales colombianos se negaron a proporcionar estadísticas o cualquier otra información sobre el programa.
Este artículo es parte de NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una investigación transnacional sobre el crimen organizado moderno y quienes lo enfrentan.
El proyecto se originó con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. OCCRP, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 accedieron de manera temprana a los datos, que fueron distribuidos por dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista. Luego compartieron la filtración con más de 40 medios de comunicación. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.
Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas.
Luis Moreno, funcionario retirado del Departamento de Estado que dirigió la oficina de control de narcóticos en Bogotá, dijo a OCCRP que los detalles de las operaciones de “entregas controladas” no se hacían públicos en documentos judiciales o comunicados de prensa porque eso podía poner en riesgo la vida de los agentes o informantes.
“[Debido a] la naturaleza misma de la operación, porque realmente se está jugando con la vida de las personas, el secreto es de suma importancia”, indicó Moreno. Pero reconoció que la falta de transparencia puede dar lugar a abusos: “Ese mismo secretismo que se necesita para llevar a cabo la operación también favorece que la gente haga cosas malas”.
Desde 2000, Colombia ha recibido unos 13.000 millones de dólares en ayuda estadounidense como parte de la llamada “guerra contra las drogas”, que lleva ya más de 50 años. Pero estos esfuerzos han fracasado estrepitosamente a la hora de frenar el flujo de narcóticos, con cultivos de coca que han llegado a un nivel récord. Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína y gran parte de esta se destina al consumo en Estados Unidos.
Los documentos filtrados permiten tener una mirada inédita sobre cómo funcionan en la práctica las “entregas controladas”.
En una primera fase, la DEA u otra agencia extranjera, informa a fiscales colombianos en una carta formal que tiene conocimiento de un grupo delictivo transnacional. Luego, solicita la ayuda de un agente encubierto colombiano que se hace pasar por traficante, así como el permiso para obtener y transportar las drogas del grupo criminal. El objetivo es obtener información sobre su estructura y conseguir pruebas contra sus miembros. Piden cantidades concretas de droga y dinero y la operación suele fijarse para un periodo de un año.
Los fiscales presentan la solicitud ante un juez colombiano especializado, que acompaña el caso y puede autorizar escuchas telefónicas, así como el ingreso a domicilios y oficinas.
Ya cuando la droga es asegurada -con frecuencia con la ayuda de un informante-, el cargamento puede ser llevado al extranjero, a menudo transportado por la DEA o sus agentes en países extranjeros. El objetivo es investigar y detener a los receptores de la transacción.
Utilizando un lenguaje casi idéntico, muchas de las solicitudes incluidas en la filtración pedían autorización para utilizar la misma amplia gama de fondos y sustancias: 200 kilogramos de cocaína, cinco kilogramos de heroína, 20 kilogramos de metanfetaminas, 20 kilogramos de drogas sintéticas y 2 millones de dólares en efectivo de origen ilícito.
En una solicitud de febrero de 2022, el representante del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Bogotá pidió permiso para una operación en la que las “sustancias incautadas” podrían utilizarse como pruebas para una investigación, llevada a cabo en Nueva Jersey, sobre una organización que presuntamente traficaba con drogas de Colombia a Estados Unidos.
En la operación, los agentes encubiertos deberían asegurar la confianza de la organización y luego comprometerse a transportar sus cargamentos de drogas desde Colombia a Estados Unidos, República Dominicana o México, según el lugar “que se tenga establecido por la organización para la entrega”, explica la solicitud.
Después de someterse a pruebas de laboratorio para verificar su autenticidad, las drogas se transportarían en un avión comercial o en un avión controlado por la embajada de Estados Unidos, indicaba. Los documentos revisados por los periodistas no dejan claro cuál fue el resultado final de la operación.
Hay algunas peticiones que son más escuetas en detalles. Una petición del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos indica que los agentes encubiertos “coordinarán la logística para el transporte de la sustancia estupefaciente a través de (vuelos de carga o pasajeros), terrestre (utilizando buses, automóviles o camiones de carga) o fluvial (con barcos, lanchas rápidas o yates) hacia Paraguay, Bolivia, Brasil, Honduras, República Dominicana, Bahamas, España, México, Estados Unidos”.
Era tan amplia que podía abarcar casi cualquier lugar de América y casi cualquier medio de transporte.
Otros documentos contenían más detalles y registros de lo que un exagente de la DEA calificó como “irregularidades” en las operaciones. En noviembre de 2020, por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos solicitó permiso a la Fiscalía colombiana para transportar un cargamento de cocaína a Toronto.
Para preparar la “entrega controlada”, dos agentes colombianos almacenaron casi 100 kilos de cocaína en su oficina sin seguridad particular.
Este incidente aparece en un documento dirigido a la Directora Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía colombiana, en el que los dos agentes colombianos son interrogados por sus colegas a través del correo electrónico sobre cómo la droga acabó guardada de manera indebida.
Estos dos agentes, según el documento, participaron en al menos 37 operaciones de “entregas controladas” vinculadas a este caso, que permitieron la incautación de 1,5 toneladas de cocaína, cientos de miles de dólares en efectivo y nueve detenciones en el extranjero.
Sin embargo, en el documento de abril de 2021 dirigido a la Directora Especializada contra el Narcotráfico, se ve como los dos agentes son interrogados por posibles infracciones de las normas. Posteriormente fueron condenados por falsedad en documentos, aunque buscan apelar la sentencia.
El exagente de la DEA, que habló con OCCRP bajo condición de anonimato, puso de relieve una irregularidad en la documentación presentada para otra operación en la que un agente recibió fondos de un grupo criminal destinados a financiar actividades de narcotráfico. El expediente incluye un recibo manuscrito del agente colombiano a la DEA en el que se documenta el efectivo recibido.
“Bolsa que contiene una cantidad indeterminada de moneda a granel”, reza la nota en un recibo, en el que se añade que incluye billetes en pesos colombianos y euros que había que contar oficialmente con posterioridad.
El exagente de la DEA señaló que al documento le faltaba la firma del agente.
“Eso es una señal de alarma”, dijo y explicó que la entrega de dinero o drogas requiere dos firmas -la de un agente y la de un testigo- para evitar robos y corrupción. (La DEA declinó responder a las preguntas de los periodistas sobre el programa).
Otro exagente de la DEA, que se jubiló recientemente y que trabajó en “entregas controladas”, subrayó que la agencia lleva “un montón de registros internos” de esta práctica.
El trabajo de las “entregas controladas” rara vez se hace público, añadió, porque la mayoría de los casos implican a un “individuo colaborador”, es decir, un informante que forma parte de la organización y enfrenta cargos.
El agente dijo que estos riesgos implican una estricta confidencialidad, sobre todo porque puede que el informante siga colaborando con la DEA.
“Estás poniendo todos estos pasos diferentes para aislar al informante”, señaló el agente retirado. “Por eso casi nunca sale a la luz que ‘oh, cielos, esto fue completamente orquestado por el gobierno y teníamos un informante cooperador’”.
Otras actividades dirigidas por la DEA han sido objeto de escrutinio en los últimos tiempos. En febrero, la directora de Extinción de Dominio de Colombia, institución clave en la lucha contra el narcotráfico, fue detenida por cargos de corrupción.
También fueron acusados tres presuntos cómplices, que eran miembros de las llamadas SIU (Sensitive Investigation Units o Unidades de Investigación Sensibles en castellano). Estos grupos de élite, financiados por la DEA, están a menudo involucrados en la realización de las “entregas controladas”. Los tres hombres fueron señalados por la Fiscalía de extorsionar "elevadas sumas de dinero" para evitar que sospechosos fueran extraditados a Estados Unidos. La exfiscal de Extinción de Dominio fue condenada en octubre. No es claro en qué etapa está la causa judicial contra los demás.
Los riesgos de otros programas secretos que implican importantes transferencias de dinero y de sustancias ilícitas pueden ser elevados, como dejó claro el caso del agente de la DEA José Irizarry. A finales del año pasado empezó a cumplir una pena de 12 años de prisión por sustraer millones de dólares en operaciones de lavado de dinero. (Aunque similares en algunos aspectos a las “entregas controladas”, estos procedimientos no estaban directamente relacionados).
En una entrevista concedida a Associated Press en diciembre de 2022, Irizarry dijo que la acusación “pinta una imagen mía, el agente corrupto que realizó toda esta conspiración. Pero no habla del resto de la DEA. Yo no era el autor intelectual”.
En Colombia, las “entregas controladas” se rigen por una ley de 2004 que exige que las operaciones estén acompañadas por un juez especializado y hace un seguimiento del desarrollo de la operación. Los registros filtrados muestran que los agentes colombianos están obligados a mantener la documentación de la cadena de custodia de las sustancias ilícitas utilizadas en las “entregas controladas”.
Los agentes encubiertos también tienen la obligación de ser acompañados por un “agente de control”, que supervisa la operación, según los documentos de autorización encontrados en la filtración.
La DEA no respondió a las peticiones de comentarios sobre la supervisión que se ejerce sobre las “entregas controladas” en Estados Unidos. Los periodistas no pudieron encontrar ninguna mención a la supervisión externa en el sitio web de la DEA, su informe anual, comunicados de prensa o en acusaciones derivadas del uso de “entregas controladas” o en testimonios ante el Congreso.
El Departamento de Justicia, del que depende la DEA, es auditado por una entidad independiente conocida como la Oficina del Inspector General.
Los informes anuales del Inspector General no mencionan las “entregas controladas”. Pero la Oficina ha planteado anteriormente su preocupación por el programa de operaciones controladas de blanqueo de capitales en el que participó Irizarry, que implicaba transacciones financieras encubiertas utilizadas para desmantelar organizaciones de narcotráfico y blanqueo de capitales.
Un informe de agosto de 2023 del Inspector General, por ejemplo, descubrió que la DEA no había aplicado plenamente los controles sobre esas operaciones de blanqueo de dinero. Una auditoría de 2020 a la que se hacía referencia en ese informe había revelado que la DEA había restado importancia “al riesgo de permitir que los fondos ilícitos ‘caminaran’ y se filtraran a través de canales financieros legítimos e ilegales”.
Una auditoría de 2021 del Inspector General también planteó su preocupación por la falta de supervisión de la agencia sobre sus operaciones en el extranjero en general, citando una supervisión “insuficiente” para el entorno de alto riesgo en el que operan estas unidades.
La Oficina del Inspector General declinó hacer comentarios y remitió a sus informes.
El agente de la DEA que se jubiló hace poco y que revisó varios de los documentos filtrados para ayudar a confirmar su autenticidad, señaló que las “entregas controladas” eran eficaces debido a los “protocolos rígidos” que había que seguir. Pero añadió: “Aunque por lo general se respetan estrictamente estos protocolos y la supervisión interna guía las acciones de los agentes, siempre que hay grandes cantidades de droga y dinero implicadas en la misma operación, existe la posibilidad de corrupción.”
“Las agencias podrían beneficiarse de una supervisión independiente posterior a los ICD para garantizar la transparencia”, afirmó.
OCCRP ID apoyó la investigación. Antonio Baquero, Daniela Castro, Brian Fitzpatrick y Aubrey Belford contribuyeron con la reportería.
